El desplazamiento de aproximadamente 400 personas desde la vereda Bocas del Manso, en donde miembros del Ejército intimidaron a la población, y áreas cercanas al casco urbano de Tierralta, Córdoba, llevó al defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, a solicitar al Gobierno nacional coordinar acciones interinstitucionales para brindar asistencia a estas familias afectadas.
Ante esta emergencia, Camargo Assis instó a las entidades nacionales y departamentales a abordar la situación, ya que el municipio ha superado su capacidad para responder a la crisis.
“Ante esta emergencia humanitaria, que podría aumentar con el paso de las horas, les solicitamos a los entes nacionales y departamentales atender la situación, pues el ente municipal ya desbordó su capacidad para hacerle frente a lo que está sucediendo”, pidió el defensor del Pueblo.
De acuerdo con la Defensoría, los desplazados afirman que abandonaron sus hogares debido a la falta de cumplimiento de las instituciones estatales con respecto a las denuncias de abusos cometidos por militares contra la comunidad.
Ante ellos, el defensor del Pueblo estableció una mesa de trabajo con representantes de las entidades competentes y voceros de las comunidades desplazadas para abordar la situación y buscar soluciones. Profesionales de la Regional Sur de Córdoba, de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y la Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno de la entidad, trabajarán con los representantes de las entidades competentes y los voceros de las comunidades desplazadas (Llanos del Tigre, Palestina, Gloria 1 y Gloria 2, Sancón, Ballenas, Tucú, Gilgal, San Pablo, Bocas de Cruz y Bocas del Manso) para llegar a acuerdos que permitan superar lo que está sucediendo.
“El riesgo de desplazamiento lo advertimos en días pasados, llamamos la atención de entidades nacionales, departamentales y municipales para evitar que se configurara. Sin embargo, hay un número importante de personas que, asentadas en Bocas del Manso, decidieron dejar sus bienes y enseres a merced de la suerte y emprender el éxodo”, agregó Camargo Assis.
Una de las primeras acciones acordadas es la realización de un censo para determinar el número exacto de desplazados y sus comunidades de origen. Además, se brindará orientación para evitar que personas no desplazadas sean incluidas en las listas. “Hemos presentado tres requerimientos para que sea atendida la emergencia humanitaria. El primero fue dirigido a la Alcaldía de Tierralta, en el que le solicitamos la realización de un Comité Extraordinario de Justicia Transicional para que sean adelantados el censo y la toma de declaraciones”, señaló.
En segundo lugar, se le solicitó a la Gobernación de Córdoba la activación de un plan de choque, atendiendo al Auto 894 de 2022; y en el tercer requerimiento, al director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, para que también active un plan para atender la emergencia.
Militares fueron retirados por intimidaciones en Tierralta
El 11 de septiembre, un incidente preocupante ocurrió en el municipio de Tierralta, sur de Córdoba, cuando varios uniformados del Ejército Nacional, haciéndose pasar por disidentes de las Farc, amedrentaron a la comunidad local utilizando amenazas y armas de fuego de tipo militar.
Las autoridades nacionales inmediatamente comenzaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Rápidamente, las investigaciones determinaron que se trataba de un grupo de soldados. Ante ellos, la Procuraduría profundizó en las indagaciones y recopiló los conmovedores testimonios de las familias afectadas por el incidente. Como resultado, el Ejército decidió retirar del servicio a 18 militares involucrados en el incidente. Entre los uniformados retirados, se encuentran tres coroneles que ocupaban cargos de mando y que serán sometidos a una calificación de servicios.