Ante la preocupante situación de desnutrición que afecta a las niñas y niños en Colombia, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado urgente para garantizar su derecho al acceso y garantía efectiva de la seguridad alimentaria, algo que no está ocurriendo de manera satisfactoria.
“En Colombia, el pleno disfrute de los derechos de niñas y niños pasa por el acceso y garantía efectiva de su seguridad alimentaria, máxime que son sujetos de especial protección constitucional, y ello no está precisamente ocurriendo”, afirmó el defensor del Pueblo.
De acuerdo con el boletín epidemiológico 52-2023 del Instituto Nacional de Salud (INS), el año pasado se confirmaron 233 muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años en todo el país, y hay 57 fallecimientos adicionales bajo investigación. Esto podría elevar la cifra de decesos a 290 una vez concluyan los procesos de confirmación. Alarmantemente, el 87% de estas muertes corresponden a niñas y niños del estrato socioeconómico 1.
Los departamentos más afectados fueron La Guajira con 70 muertes, seguido por Chocó con 46, Cesar con 23, Magdalena con 20 y Antioquia con 18. Más del 61% de los casos se concentraron en estos cinco departamentos.
Ante el alarmante panorama, el defensor Camargo hizo un llamado urgente a la institucionalidad para implementar planes integrales destinados a evitar más muertes por desnutrición.
“Necesitamos que nuestros llamados sean atendidos para que no mueran más niñas y niños por desnutrición. Es oportuno que la institucionalidad gubernamental en sus distintos niveles implemente planes integrales, cuyo fin radique en que los menores de edad no continúen siendo afectados por la inseguridad alimentaria”, señaló el funcionario.
Los casos de desnutrición aguda moderada y severa en el mismo rango de edad aumentaron en un 14.29% en 2023 en comparación con 2022, alcanzando los 24.226 casos. Estos se concentraron principalmente en los estratos socioeconómicos 1 y 2, representando el 92% del total.
Bogotá lidera la lista de territorios con 3359 casos, seguido por La Guajira con 2871, Antioquia con 2281, Cundinamarca con 1372, Chocó con 920 y Cesar con 889.
Además, se destacó que el 26% de las notificaciones corresponden a grupos étnicos, siendo la población indígena la más afectada. Es imperativo dar cumplimiento a la Resolución 2350 de 2020 y adoptar medidas que garanticen el derecho humano a la alimentación.
Para Camargo Assis, “se hace ineludible darle cumplimiento a la Resolución 2350 de 2020 y adoptar acciones y rutas que permitan lograr el eje transformador del derecho humano a la alimentación, atendiendo a lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en el que fue expuesta la importancia de lograr disponibilidad, acceso y medidas de adecuación para garantizar ese derecho”.
El defensor del Pueblo también instó a tomar medidas urgentes y a considerar la situación como una prioridad en la agenda del país.
“Es necesario tomar medidas urgentes. Además, se debe tener en cuenta que es una realidad evidenciada en otros grupos etarios, en los que, según la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, unos 15.3 millones de personas en el país usan estrategias para afrontar el hambre, como bajar la calidad de lo que comen, bajar el tamaño de las porciones y saltarse las comidas”, agregó.
Y subrayó: “Instamos a las nuevas alcaldías y gobernaciones a tener en cuenta en la formulación de los planes de desarrollo, acciones puntuales para afrontar la problemática, estableciendo recursos y programas que permitan la atención de niñas y niños con desnutrición”.