La Defensoría del Pueblo ha expresado su profunda preocupación por la situación de seguridad alimentaria que vive el departamento de La Guajira.
De acuerdo con la entidad, esta situación ha cobrado la vida de 55 niñas y niños menores de 5 años a causa de la desnutrición y causas relacionadas, en el período comprendido desde enero hasta el 21 de septiembre de este año, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud (INS). Alarmantemente, el 93% de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas.
“Lo que infortunadamente está sucediendo es el resultado de la ausencia de políticas públicas integrales y de una respuesta sólida estatal que permitan la construcción de planes de acción que tengan en cuenta las necesidades y contextos propios de la población indígena del departamento, especialmente las que conciernen a la generación de opciones productivas sostenibles para la población más vulnerable, así como a la falta de garantías para tener un acceso continuo al agua potable con una amplia cobertura”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De acuerdo con los datos del INS, los pueblos indígenas más afectados fueron el Wayúu, con 46 fallecimientos, seguido por Wiwa (3), Kogui (2) y Arhuaco (1). Además, se informó que el 83.9% de las muertes ocurrió en áreas rurales, y el 7.1% de los casos correspondió a hijos e hijas de madres cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años.
En el mismo período, según la entidad, se reportaron 1.993 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños menores de 5 años en La Guajira, lo que la convierte en la segunda entidad territorial con más notificaciones. Esto representa un aumento del 47% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se reportaron 1.360 casos.
Del total de casos, el 96% correspondió a niñas y niños en el estrato socioeconómico 1, y el 16.5% se identificó como casos reincidentes, es decir, menores que se recuperan y regresan a sus comunidades, pero no logran mantener un estado óptimo de nutrición y vuelven a enfrentar la desnutrición.
“Desde la Defensoría del Pueblo hemos verificado en terreno la vulneración sistemática de derechos como la salud; por ejemplo, municipios como Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia no cuentan con disponibilidad, accesibilidad y calidad en la atención, establecidos tanto en la Observación General 14 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en el artículo 6 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015″, aseguró el defensor Camargo Assis.
Ante esta crítica situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a todas las autoridades con responsabilidades definidas en la Resolución 2350 de 2020 para que tomen medidas integrales en casos de desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños menores de 5 años.
El defensor del Pueblo también instó al Gobierno Nacional a cumplir con la Ley 2294, que sanciona el Plan Nacional de Desarrollo (PND), adoptando acciones integrales y rutas que garanticen el derecho humano a la alimentación.
“Pedimos al Gobierno nacional que, en cumplimiento de la Ley 2294, por medio de la cual se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo, sean adoptadas acciones integrales y rutas que permitan lograr el eje transformador del derecho humano a la alimentación, el cual se estableció como uno de los ejes del actual gobierno, y en el que se expuso la importancia de lograr disponibilidad, acceso y medidas de adecuación para garantizar ese derecho”, agregó.
Además, se hizo un llamado a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y a la mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de La Guajira para coordinar esfuerzos y establecer rutas claras para la atención de la primera infancia en el departamento, con un enfoque étnico, dado que esta población sigue siendo la más afectada por la desnutrición. La Defensoría del Pueblo instó a todas las autoridades a tomar medidas inmediatas para abordar esta crisis humanitaria en La Guajira.