Luego de que dos menores de edad, de 14 y 15 años, presuntamente fueran sacadas de una institución educativa, mientras recibían clase en el municipio de Uribe, en el Meta, por hombres armados pertenecientes a un grupo al margen de la ley –una flagrante vulneración a lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario–, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado urgente a autoridades nacionales, departamentales y municipales.
“Les solicitamos activar de forma extraordinaria los equipos de acción inmediata y el Comité Departamental de Prevención de Reclutamiento, en el que sean vinculados docentes y rectores de escuelas y colegios, para que sean puestos en funcionamiento mecanismos de prevención y así evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de reclutamiento, utilización y uso por las organizaciones que delinquen en la región oriente del país”, señaló el Defensor del Pueblo.
Asimismo, instó a todos los actores armados que ejercen su accionar criminal en ese territorio abstenerse de ingresar a las instituciones educativas: “Lo realizado es una flagrante vulneración al Derecho Internacional Humanitario. Les exigimos respetar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, docentes, directivos y demás integrantes de la comunidad educativa”.
La Defensoría ha emitido dos Alertas Tempranas (AT) en lo que va de este año para el departamento del Meta (AT 04 de 2023 y AT 019 de 2023), a través de las que ha advertido la presencia de estructuras disidentes de las Farc y de grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). También ha evidenciado acciones que han generado terror en la población civil, especialmente, en zonas rurales y rurales dispersas.
“Hemos insistido sobre la gravedad que implica el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como crimen que contraría los postulados consignados en el Derecho Internacional Humanitario. Tan solo en lo corrido del 2023, desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas hemos emitido 27 Alertas en el territorio nacional, 23 de las cuales advierten sobre esta vulneración en la niñez y la adolescencia”, afirmó Carlos Camargo Assis.
De igual forma, a través del ‘Botón de registro de casos de reclutamiento’ de la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de este año fueron conocidos 125 casos en 10 departamentos: Cauca (95), Nariño (7), Putumayo (6), Chocó (4), Amazonas (4), Antioquia (3), Caquetá (3), Valle del Cauca (1), Norte de Santander (1) y Arauca (1).
No obstante, podría ser mayor el número, pues hay un subregistro del fenómeno debido al temor de las comunidades en denunciar; son conscientes de las represalias a las que se podrían enfrentar, ya que los grupos armados ilegales suelen tener el control de los territorios.
Es deber del Gobierno Nacional, añadió el Defensor del Pueblo, acatar, entre otros, el artículo 44 de la Constitución Política del 91 en todas las negociaciones que adelante con grupos armados, teniendo como propósito la búsqueda de la paz, como también debe convertirse en obligación que las organizaciones ilegales no continúen reclutando, utilizando y usando a niñas, niños y adolescentes en las hostilidades.
“Resulta necesario visibilizar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en cualquiera de las etapas de los procesos que están siendo adelantados. Exigimos que sea materializado, a través de la obligación para los actores armados, el no continuar reclutándolos, utilizándolos y usándolos en las hostilidades y promover la liberación inmediata o progresiva de menores de edad que actualmente están vinculados a las filas de los grupos armados ilegales”, expresó Camargo Assis.
Finalizó diciendo que también es importante visibilizar en los procesos de monitoreo y verificación las vulneraciones de los derechos de los menores de edad durante la búsqueda de la paz, en concordancia con el interés superior de niñas, niños y adolescentes.