En medio de visitas a los territorios, la Defensoría del Pueblo visitó municipios al borde del río Magdalena para verificar las condiciones ambientales, sociales y económicas que estos viven. Para ello, funcionarios de la entidad recorrieron 300 kilómetros por la afluente desde Barrancabermeja hasta Magangué, en Bolívar.

Ahí la entidad realizó una audiencia en la que Carlos Camargo, defensor del Pueblo, presidió una reunión a la que asistieron pescadores artesanales y autoridades de dicho municipio y de los territorios de Cicuco, Talaigua Nuevo, San Fernando y Mompox. Todo esto, con el fin de visibilizar las problemáticas relacionadas con la Ciénaga Grande de Magangué y con el complejo cenagoso de Cascaloa.

De acuerdo con el funcionario, la Defensoría logró corroborar la información de la que ya tenían conocimiento. Esta, referente a problemáticas ambientales, sociales y económicas “que están propiciando la vulneración de los derechos de estas comunidades”.

Camargo aseguró que para esta situación se “requiere de la inmediata atención y coordinación del Estado, al cual hacemos, una vez más, un llamado para que atienda a esta población. Es imperativa esa mirada y, especialmente, acciones concretas”, indicó el funcionario.

En el momento, la entidad se encuentra realizando un recorrido que pretende llegar hasta los municipios de Sabanagrande (Atlántico) y con destino final en Puebloviejo (Magdalena). Ahí se desarrollará una audiencia pública para atender denuncias e inquietudes de las comunidades cercanas al río y la Ciénaga Grande de Santa Marta, entre ellas las de Boca de Aracataca, Nueva Venecia y Buenavista.

Al tiempo, la Defensoría verificará las condiciones de los pescadores de Tasajera, La Isla, Ciénaga y otros municipios en los alrededores del río. Ahí se expondrán los hallazgos sobre la vulneración de derechos, con base en la relatoría que se viene realizando a lo largo del recorrido.

Este documento es clave en el llamado a las autoridades que hará la Defensoría, el cual pretende impulsar garantías de derechos en toda la comunidad de pescadores artesanales del Río Magdalena.

“Es urgente que las autoridades, los organismos de control y la cooperación internacional tomemos medidas urgentes para proteger a las miles de familias que dependen de la pesca artesanal”, indicó el defensor Camargo, sobre la comunidad que visitó. A su vez, el funcionario consideró que la protección de los derechos es un “reto ineludible” que la entidad enfrenta.

El defensor viene hablando sobre sus hallazgos en estas zonas desde hace un par de días, pero será solo cuando se conozca el reporte completo que llamará a la acción a las entidades estatales.