La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una red que habría constituido un entramado ilegal para adquirir, alterar y comercializar medicamentos de uso institucional o los catalogados como vitales, que no están disponibles en el país y son utilizados para tratar enfermedades de alto costo o las denominadas ‘raras’ o ‘huérfanas’.
En total fueron 13 los capturados en las operaciones realizadas por las autoridades en las ciudades de Bogotá y Barranquilla y se les incautó cerca de 800 kilos de medicamentos fraudulentos.
Los procedimientos fueron realizados por personal del CTI, con apoyo del Gaula Militar, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y peritos especializados.
Así funcionaba la estructura criminal
Los delincuentes, al parecer, obtenían medicamentos vencidos y descompuestos que ingresaban ilegalmente al país, los trasladaban en precarias condiciones y como encomiendas a Bogotá; y les modificaban las fechas de caducidad, lotes de fabricación y registros para darles la apariencia de un producto auténtico para tratar enfermedades como el cáncer, el VIH, la artritis, entre otras.
De esta manera, lograban comercializarlos en clínicas, hospitales, hogares geriátricos y proveedores de Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá.
Igualmente, se estableció que la red habría sustraído de varios centros asistenciales medicamentos oncológicos de uso institucional y conseguido que fueran reemplazados por las medicinas alteradas.
La banda delincuencial también contactaban a pacientes y los inducían a presentar tutelas para que les fuera reconocida la importación de medicamentos. Posteriormente, cuando los peticionarios recibían el fallo a favor, mediante intermediarios, lograban que les entregaran los productos en mal estado que habían sido modificados.
Así estaba conformada la banda delincuencial
La Fiscalía dio a conocer los nombres de las personas implicadas en esta red que fue desarticulada por las autoridades colombianas.
Las personas que fueron capturadas en los operativos y que ahora serán investigadas por el ente acusador son:
Diana Carolina Bernal Ferro y Luis Andrés Ramírez Villegas, representantes legales de dos farmacéuticas utilizadas para almacenar y vender los productos modificados.
Nidia Elena Parody Vásquez, coordinadora de una comercializadora de productos farmacéuticos.
Elma Johana Espinosa Narváez, gerente de compras de un Instituto Prestador de Salud, señalada de vender e intercambiar los medicamentos. Tendría contactos con EPS y centros asistenciales.
Jaime Alirio Bernal Bautista, Emanuel Ramírez Correa, Elías Ignacio Cifuentes León, Néstor Javier Ruiz Correa, Edilberto Antonio Casadiego Ibarra, Alfonso Hernández Pinto, Álvaro Pedraza Jaimes, Carlos Armando Colorado Bermejo y Álvaro Vizcaino de la Hoz. Estas personas habrían participado en diferentes actividades como la obtención, transporte, alteración y almacenamiento de los medicamentos, además de otros aspectos logísticos y comerciales.
¿Qué pasa si se toma un medicamento vencido?
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) indica que las medicinas vencidas pueden ser riesgosas. Ello por el cambio en la composición química o a una disminución en la potencia que se da con el tiempo.
“Ciertos medicamentos vencidos tienen el riesgo de presentar un crecimiento bacteriano y los antibióticos con una potencia reducida pueden no atacar las infecciones, ocasionando enfermedades más graves y resistencia a los antibióticos”, explican desde la FDA.
En ese sentido, especialistas advierten que, “una vez pasada la fecha de caducidad, no hay garantía de que la medicina será segura y eficaz… Si la medicina ha caducado, no la use”.