Con el “acelerador a fondo”, así se encuentra en el Consejo de Estado el estudio de la demanda de nulidad contra la conformación de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes: David Ricardo Racero Mayorca como presidenta; Olga Lucía Velásquez Nieto como primera vicepresidenta; y Erika Tatiana Sánchez Pinto, segunda vicepresidenta.
En la compleja y extensa demanda presentada en agosto de 2022, el abogado Harold Súa Montaña, se indica que se presentaron serias y constantes irregularidades en la instalación del Nuevo Congreso de la República, en la sesión que se adelantó el 20 de Julio del 2022. Esto debido a que no se tuvieron en cuenta varios de los trámites exigidos.
“En la sesión inaugural del Congreso de la República, celebrada el 20 de julio de 2022, las posesiones del presidente de la junta preparatoria de dicha reunión y las de los nuevos congresistas se hicieron sin la previa intervención de la oposición”, precisa la demanda que fue admitida por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Para el demandante, cuando se realizó la instalación del Congreso se omitió el debate de las proposiciones presentadas por congresistas que se habían declarado en oposición, omitiendo así lo que ordena el reglamento para escuchar las intervenciones de los que pidan la palabra. Este hecho vicio por completo lo que se realizó en adelante. “En la misma fecha, el delegado de la oposición anunció su intervención y, además, prestó juramento el presidente de la junta preparatoria de esa reunión, el exsenador Juan Diego Gómez”.
“Las elecciones de los demandados son inválidas porque se efectuaron sin dar trámite a una proposición de aplazamiento de la sesión”, precisa la demanda. Tras recopilar las pruebas y recibir el respectivo concepto del Ministerio Público, el magistrado ponente resolvió que emitirá una sentencia anticipada frente a este caso debido a su importancia.
El paso a seguir es que los demandados, es decir, los congresistas y el accionante radiquen en un plazo de tres días sus documentos que harán parte de los alegatos de conclusión.
La decisión se conoció en medio de una acalorada semana en la cual el presidente Gustavo Petro ha cuestionado los fallos del Consejo de Estado que anuló la elección de Roy Barreras como Senador y de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General de la República.
Después de esto, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo lo dicho en su cuenta de Twitter por parte del primer mandatario no tienen relación con lo que ha ocurrido en las últimas semanas: “Pues la Corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala”.
En el comunicado, enviado el pasado lunes, se indica que las decisiones que han anulado las dos elecciones se han tomado en derecho y no motivadas por ningún interés político, como lo señaló el presidente de la República. “Las decisiones proferidas por esta Corporación, no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso”.
En el comunicado se indica que las decisiones que han anulado las dos elecciones se han tomado en derecho y no motivadas por ningún interés político, como lo señaló el presidente de la República. “Las decisiones proferidas por esta Corporación, no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso”.
En la comunicación, el alto tribunal advirtió que los fallos judiciales están alejados de las controversias políticas e ideológicas y se toman revisando la jurisprudencia y la ley. Por esto es que, ante las mismas, los afectados pueden presentar los recursos que consideren pertinentes.
Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. De otra parte, esas decisiones, como corresponde a las sentencias judiciales en un Estado de derecho, se encuentran sujetas a los recursos de ley. Todo este proceso es de público conocimiento y puede ser revisado por toda la ciudadanía.
Por los comentarios hechos estas últimas semanas, el máximo tribunal de la justicia contenciosa y administrativa le hizo un nuevo llamado al Gobierno a respetar la independencia de poderes que está establecido en la Constitución Política de 1991. “El Consejo de Estado hace de nuevo un llamado a todos los ciudadanos, y por supuesto, a todos los detentadores del poder público, a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial”.