En la tarde del pasado 30 de agosto, la Secretaría del Consejo de Estado recibió cuatro demandas en contra de la designación de los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Educación y Defensa. En las acciones judiciales se advertía que el acto de nombramiento, realizado el pasado 7 de agosto, tras la posesión presidencial estaba viciado y no debía avalarse legalmente.
Pese a que cada demanda tiene solamente seis páginas, los hechos narrados tienen una gran complejidad. El demandante se remontó a la sesión en la cual se reconoció a Gustavo Petro como presidente electo ante el Congreso de la República. Ese día, asegura, se presentó una modificación al orden del día que se había establecido, vulnerando así los principios legales y constitucionales.
Para sustentar su dicho, anexó un video en el que señala que se le impidió la participación a las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional. En la grabación se ve cómo el senador del Partido Comunes Carlos Antonio Lozada toma la palabra y hace una invitación para seguir sesionando desde el Nuevo Congreso de la República.
“(...) dadas las condiciones que tenemos me traslado entonces y los invitó al Nuevo Congreso de la República que comenzará a sesionar desde hoy y desde allí haremos nuestra intervención”, señaló Lozada. Pese a que en ese momento se le dio la vocería como partido de oposición, el movimiento Comunes ya había manifestado su apoyo al nuevo gobierno.
Este tecnicismo, sostiene la demanda, anuló el acto que se celebró ese día. “(...) sus palabras implicaron una proposición al Congreso en pleno de alterar el orden del día de la sesión inaugural como el de la primera reunión de Senado a fin de garantizar la oposición gubernamental de sus delegantes en su cuatrienio legislativo donde ya no son oposición, sino bancada del Gobierno”.
Reclama, además, que todos los congresistas siguieron con la sesión sin poner de presente esta irregularidad y obviando lo que dice la ley. Todo esto representó una modificación del orden del día e impidió que se realizara la sesión con la normalidad esperada. Tres horas después de esto, la sesión se levantó sin que se permitiera la intervención de la denominada oposición. Tampoco se citó a una sesión extraordinaria para realizar las respectivas intervenciones.
Frente a esto, el demandante sostiene que se presentó una serie de irregularidades. Primero que todo, la posesión del Congreso quedó incompleta, por lo que todos los actos que se registrarán de ahí en adelante son nulos: “(...) las irregularidades alegadas contra el desarrollo de la sesión inaugural del periodo congregacional del 20 de julio de 2022 y de las plenarias de ese día y el 21 de julio desencadenan una invalidez de los actos a través de los cuales los ciudadanos congresistas pueden comenzar a desempeñar sus funciones o en su defecto de los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso ante quien Gustavo Francisco Petro Urrego tomó posesión al cargo de presidente”.
Configurándose así una vulneración a los artículos 149 y 192 de la Constitución Política. “(...) la consecuencia jurídica (...) al acto de posesión de Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente de la República y con ello no poder ejercer las funciones presidenciales hasta tanto los actos congregacionales inválidos sean rehecho o tome posesión ante la Corte Suprema de Justicia o dos testigos”.
Debido a que estos reparos no se han presentado, el presidente Petro carece de competencia para expedir cualquier acto administrativo, incluido la designación de ministros.
En la revisión del sistema del Consejo de Estado, SEMANA encontró que las demandas radicadas de manera individual están radicadas en contra de Álvaro Leyva Durán como ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Gaviria como ministro de Educación, Iván Velásquez, como ministro de Defensa, y Alfonso Prada Gil como ministro del Interior.
Ya se adelantó el respectivo reparto y ahora los magistrados deberán definir si existen o no méritos para realizar el estudio de fondo de esta demanda.