Por falta de competencia, el Consejo de Estado le remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la demanda radicada en contra del decreto 1673 de 2022 que avaló el nombramiento de Irene Vélez Tovar como Ministra de Minas y Energía. Con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate se concluyó que la ley señala que este tipo de demandas debe pasar, en primera instancia, por el mencionado Tribunal.
“(...) sobre la competencia para conocer en primera instancia las demandas de nulidad electoral contra los actos de elección de nombramiento de empleados públicos del nivel directo en el orden nacional, como el que se cuestiona en esta oportunidad, la demanda en referencia debe remitirse a los tribunales administrativos”, concluyó el Consejo de Estado en una decisión de cinco páginas.
En la demanda, presentada por un ciudadano, se advierte que el nombramiento de Vélez desconoció los artículos 149 y 192 de la Constitución Política de Colombia. En la acción se indica que todos los actos que se presentaron desde el 20 de Julio están viciados, puesto que no cumplieron con los requisitos exigidos, hecho que también fue tutelado y que hasta el momento no se ha resuelto.
“(...) el Congreso de la República posesionó al señor Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente de la República sin que se hubiera proferido la sentencia que resolviera de fondo la señalada acción de tutela, aspecto que a su juicio, invalida dicho acto protocolario”, señala la demanda. En su concepto, todos los nombramientos hechos por Petro como jefe de Estado deben ser declarado nulos.
El demandante va más allá y asegura que todas las decisiones que ha tomado la Vélez como jefe de la cartera de Minas deben ser anuladas puesto que no cuenta con las competencias para tomar este tipo de acciones.
El Tribunal Administrativo deberá resolver se avala o no para su estudio la acción de nulidad o le pide al demandante que realice las respectivas correcciones.
La otra denuncia contra Irene Vélez
En días recientes se conoció que el representante a la Cámara, Óscar Villamizar, prepara una denuncia en contra de la ministra de Minas por el delito de pánico económico. Esto tras las aseveraciones que ha hecho Vélez ante una eventual crisis energética.
“Nuestro país tiene un Presupuesto General de la Nación que hoy corre un riesgo muy grande con los anuncios de la ministra. 32 billones de pesos es lo que la industria de petróleo y gas le entrega al país para su presupuesto. Con los anuncios que ha venido haciendo la ministra, muchas de esas empresas han parado las inversiones, lo que quiere decir que se va a afectar la productividad”, dijo el congresista del Centro Democrático.
Estos anuncios y la repercusión en las compañías serían el motivo base de la denuncia penal que se prepara contra la ministra: “Ecopetrol, que es una empresa de los colombianos y ofreció acciones para los colombianos, hoy está en un riesgo muy grande y las acciones han venido bajando con cada uno de los anuncios de la señora ministra”.
El equipo del representante espera tener lista la denuncia penal para el miércoles o el jueves de la próxima semana, dado que aún se encuentran revisando los anuncios y pronunciamientos de Vélez, recogiendo más argumentos.
El delito de pánico económico, de probarse la responsabilidad de Vélez, tiene consecuencias penales de 32 a 144 meses de prisión. A su vez, implicaría multas que van desde los 66.66 salarios mínimos hasta 750 salarios mínimos. Villamizar, por su parte, se centra en argumentar su punto.
“[La ministra Vélez enfrentaría] todas las consecuencias que tienen las personas que cometen un delito. Preferiría no hablar de eso, soy muy respetuoso de la justicia. Creo que en esto uno tiene que dar sus argumentos y la justicia debe definir si existe la comisión de un delito. De parte nuestra, daremos los argumentos de que se está cometiendo, que se está causando un daño”, dijo el representante a este medio.
Finalmente, el congresista del Centro Democrático aseguró que la ministra “no solo se está afectando el mercado de hidrocarburos, sino al país”.