Después de toda la polémica que generó el gobierno de Gustavo Petro con el nombramiento de la cúpula paramilitar como gestores de paz, el exministro de Justicia Wilson Ruiz demandó ante el Consejo de Estado y pidió que se tumbara la resolución que le dio esa designación a los sanguinarios excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
El exministro del gobierno de Iván Duque consideró que dicha decisión se tomó con causales de falsa motivación y se expidió de manera irregular, para otorgarle el nombramiento de gestor de paz a 18 ex jefes paramilitares con el objetivo de abrir nuevos procesos de diálogo y negociación en el proyecto de paz total del Gobierno nacional.
Por esa razón, la demanda pide que “se declare la nulidad absoluta de la Resolución 453 del 8 de noviembre de 2024 ‘Por la cual se designan gestores de paz a unos exmiembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y se dictan otras disposiciones’, toda vez que en ella se estructuran las causales de falsa motivación y expedición irregular”.
El recurso que ahora revisará el Consejo de Estado para decidir si se admite y se toma alguna medida cautelar, detalla argumento como que de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad, se indicó que entre 1985 y 2018 más de 205 mil personas perdieron la vida a manos de grupos paramilitares en medio del conflicto armado que vivía Colombia.
Pero destaca: “La resolución demandada tergiversa el concepto de paz total que dispone el artículo 2 literal B de la Ley 2272 de 2022, la cual en uno de sus apartes expresa: ‘Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación’”.
La demanda también señala que la resolución que nombró como gestores de paz a paramilitares como Hernán Giraldo Serna, conocido con los alias de ‘El Señor de la Sierra’ o ‘El Taladro’, identidad que le dieron por abusar sexualmente de las niñas cuando era jefe paramilitar, se pusieron en función de dar beneficios a los victimarios, desconocieron los derechos de las víctimas y dejaron al azar la aplicación de la norma.
Sobre la falsa motivación, la demanda señala que “esta causal para declarar la nulidad del acto administrativo, encuentra su sustento en la importancia que revisten los antecedentes y motivaciones dentro del proceso de construcción de la voluntad de la administración, de tal suerte que aquellos fundamentos del acto administrativo deben ser conducentes, idóneos, adecuados, pertinentes y justos a la hora de servir como basamento de la decisión o, en este caso, que imponga estímulos o ‘sacrificio’ de otras garantías en conflicto”.
La Corte Constitucional también termina citada en esta demanda, teniendo en cuenta que ha enfatizado en la obligación de las instituciones para proteger a la víctima y prevenir una revictimización. Pero para el exministro de Justicia, la resolución excluye a esas víctimas por la voluntad del comisionado y de los excombatientes.
“Otro de los vicios que se encuentran configurados en el trámite de la expedición y vigencia del acto acusado es precisamente el de expedición irregular, el cual, a consideración del máximo tribunal de lo contencioso administrativo se estructura cuando existe violación al procedimiento establecido para los actos administrativos y ello compromete las garantías del debido proceso de los destinatarios del acto”, detalla el documento conocido por SEMANA.