A la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia llegó una denuncia de 78 páginas contra el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Leonardo de Jesús Gallego, y los congresistas Alirio Uribe, Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta, encargados de llevar la investigación contra las posibles irregularidades que se presentaron en la campaña Petro presidente. Un tema que ha generado bastante debate sobre el CNE y la competencia para investigar dicha situación.
La denuncia penal, que ya reposa en los despachos del alto tribunal, argumenta que durante el tiempo que han tenido en su poder el proceso, los representantes a la Cámara de la Comisión han llevado el caso como un tema penal, cuando el caso se basaría en un juicio político por “indignidad”, dice el documento.
“Comparezco nuevamente ante su estrado, con el fin de poner en su conocimiento, nuevos hechos que desbordan la realidad legal y constitucional y por lo cual vengo solicitando la investigación correspondiente, de las conductas posiblemente infractoras del ordenamiento penal, contra los representantes a la Cámara”, dice la denuncia que radicó José Manuel Abuchaibe.
La denuncia detalla que en el proceso se estaría creando “confusión y dilaciones”, pues el caso se está considerando como un tema penal y el abogado Abuchaibe considera que es una investigación que se debería llevar por medio de un juicio político.
El documento detalló: “Sobre la violación de topes electorales consideramos que están las pruebas recaudadas, lo que es muy diferente a seguir investigando sobre la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, que es de carácter penal y que no hace parte de nuestra denuncia”.
Dentro de los argumentos se recuerda que el Consejo de Estado le dio competencias al Consejo Nacional Electoral para investigar la financiación de la campaña, pero aclaró que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la única que puede sacar del cargo al jefe de Estado.
“Nuestra denuncia en forma clara fue por violación a la Constitución, artículo 109, que establece que, si se comprueban la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, será sancionada con la perdida de investidura o del cargo. No estamos denunciando hechos de índole penal al señor Presidente Gustavo Petro”, insiste el documento.
Y es que Abuchaibe ya había denunciado en febrero de este año que se investigara si existió la violación de topes permitidos en una campaña electoral, lo que se diferenciaría de investigar el origen de los dineros que terminaron llegando a dicha campaña.
Así mismo, argumenta que, según sentencia de la Corte Constitucional, si se violó los topes de financiación de la campaña, el actual presidente Petro no habría incurrido en un delito ni falta disciplinaria, sino una causal de “indignidad por mala conducta”.
El abogado del presidente Petro, Mauricio Pava, ha insistido que la Comisión de Acusación del Congreso es la única instancia que puede investigarlo y hasta ha cuestionado a cualquier otro organismo, específicamente el CNE, teniendo en cuenta la carga política con la que cuentan sus miembros.