A partir de los sucesivos escándalos de interceptaciones ilegales -más conocidas como ‘chuzadas’- por parte de organismos de seguridad oficiales e, incluso, por contratistas del Estado, el gobierno decidió frenar estos abusos y concentrar los privilegios para obtener esta información en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Estos datos siguen siendo valiosos cuando se usan legalmente y son clave para evitar hechos delictivos y desarticular organizaciones criminales. Y para avanzar en las investigaciones muchas veces es necesario conocer a quién corresponde una línea telefónica o celular. O una conexión a televisión por cable o Internet. Pese a que el ente investigador era la única entidad que tenía la facultad de tener acceso a datos específicos de los usuarios legalmente ordenados por la justicia, los ministros de Defensa y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Juan Carlos Pinzón y Diego Molano -respectivamente-, así como la exministra de Justicia Ruth Stella Correa firmaron un decreto que ampliaba de nuevo esa potestad a otras agencias. Ellos firmaron el decreto 1704 del 15 de agosto del 2012 en el que se dispone: “Los proveedores de redes y servicios de telecomunicación, una vez cumplidos los requisitos legales deberá suministrar a la Fiscalía General de la Nación o demás autoridades competentes, los datos del suscriptor, como identidad, dirección de facturación y tipo de conexión”. Fue el abogado Ferney Camacho quien decidió demandar ante el Consejo de Estado la frase del decreto que le da luz verde a las “demás autoridades competentes” para tener acceso a esta información privilegiada. Según él esto viola directamente el principio de privacidad de los usuarios al quitarle la exclusividad de esta facultad a la Fiscalía. El Consejo de Estado, con ponencia de Marco Antonio Velilla, le halló la razón al accionante y ordenó el pasado 20 de junio -en una medida cautelar que se mantendrá vigente hasta que el asunto se resuelva de fondo- suspender dicha expresión argumentando que “la disposición o demás autoridades competentes extraña una habilitación del Fiscal General o su delegado para que puedan solicitar información detallada de los usuarios por lo cual es conveniente decretar la suspensión provisional de ese aparte demandado”. Con base en la decisión del alto tribunal, el abogado Camacho fue más allá. Semana.com conoció la denuncia radicada ante la jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, en donde se solicita investigar preliminarmente a los ministros Pinzón y Molano y a la exministra Correa por las posibles irregularidades que habrían cometido al firmar el polémico decreto. “La posibilidad de que autoridades diferentes a la Fiscalía tengan acceso a datos de los usuarios tales como su identidad, dirección de facturación y tipo de conexión, supondría una vulneración al derecho de la intimidad de las personas, como quiera que escapa de los parámetros legales y constitucionales dentro de los cuales se permite que terceros obtengan información privada o confidencial de las personas”, precisa la denuncia. Igualmente, para el abogado, la actuación de los ministros fue “manifiestamente ilegal y demostrativo de una conducta penal”, por lo cual solicitó una investigación rigurosa respecto a la actuación de los altos funcionarios del Estado. Semana.com quiso conocer la opinión del ministro Pinzón sobre este espinoso asunto, pero a través de su grupo de prensa dijo que no se pronunciaría.