Una difícil situación vive la comunidad de Puerto Tejada, municipio del Cauca, que está ubicado cerca al Área Metropolitana de Cali, por el reacomodamiento de los grupos armados ilegales que no se desmovilizaron tras la firma del Acuerdo de Paz, en alianza con grupos de delincuencia común.

Por esa razón, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 018-2022 en la búsqueda de que se adopten las medidas necesarias de protección a los habitantes de esa localidad de parte de los gobiernos nacional y departamental, así como las demás autoridades.

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo pudo determinar los riesgos a los derechos humanos que se presentan por la presencia de bandas delincuenciales y criminales que estarían asociadas a grupos armados ilegales.

De acuerdo con la entidad, también los pobladores han sido víctimas de amenazas de grupos posdesmovilización que, aunque no tienen una presencia activa en el territorio, sí han entregado panfletos con advertencias.

En el documento se señaló que esta zona es un corredor de movilidad para el narcotráfico, tras añadir que por la extensión de los cañaduzales los ilegales se pueden esconder o les sirven de caminos “invisibles”.

Según advirtió, también se logró evidenciar que por la zona se transportan armas y objetos robados.

“Son preocupantes los riesgos que enfrentan principalmente las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están expuestos a ingresar a los grupos delincuenciales o ser víctimas de reclutamiento forzado por cuenta de los grupos armados ilegales”, indicó el titular de ese despacho, Carlos Camargo.

Añadió que “en riesgo también están las lideresas y líderes sociales y comunitarios y las comunidades afros e indígenas”.

La Alerta Temprana también advierte sobre la posibilidad de un desplazamiento forzado masivo o individual, homicidios, amenazas, hostigamientos y desaparición forzada.

Para evitar que se siga presentando esta situación, la Defensoría del Pueblo entregó 45 recomendaciones para que las autoridades civiles y la fuerza pública disuadan el contexto de amenaza, también para que se adelanten acciones de prevención, acceso a la justicia, atención a las víctimas, incluso, la superación de factores de vulnerabilidad socioeconómica.

Enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en el Alto Baudó

Comunidades de Alto Baudó del departamento del Chocó, atraviesan una grave situación por los enfrentamientos que se registran entre las Autodefensas Gaitanistas (AGC), el Clan del Golfo y el ELN.

Así lo señaló la Defensoría del Pueblo, que anunció que debido a este hecho se emitió una Alerta Temprana de Inminencia con el propósito de que se adopten las medidas de protección a los habitantes de la región.

La medida se aplica para los municipios de Bahía Solano y Nuquí (Chocó) ante el riesgo de afectaciones a la vida y el bienestar de las comunidades de los resguardos indígenas Río Valle, Boroboro y Jurubidá Chorí, Alto Baudó.

“La Alerta Temprana de Inminencia 017-2022 establece que estos dos grupos armados e ilegales se disputan el control territorial en la zona para adelantar sus acciones ilegales”, señaló la entidad.

La Defensoría del Pueblo logró determinar que existe una altísima probabilidad de incremento de desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, homicidios selectivos y múltiples, masacres, accidentes con minas antipersonal, amenazas e intimidaciones contra la población.

“Hago un llamado a las autoridades nacionales y locales para que de manera inmediata se tomen las medidas necesarias para evitar que estas comunidades indígenas sean víctimas de la violación de sus derechos fundamentales, sobre todo a la vida e integridad”, señaló Camargo.

De acuerdo con la entidad, “en lo que es un claro desafío por el control de la zona, entre el 28 de junio y el 14 de julio del 2022 se presentaron cuatro incursiones en cercanías o dentro de los resguardos por parte de hombres armados de los dos grupos armados, lo cual ha puesto en peligro a las comunidades de la zona”.

“Entregamos 10 recomendaciones para las autoridades civiles y fuerza pública, entre ellas, que se realicen operaciones de registro y control en las zonas con el propósito de prevenir acciones bélicas entre los grupos armados”, indicó.