A través de un comunicado a la opinión pública, una serie de organizaciones a nivel nacional informó su preocupación sobre las barreras que podrían tener los migrantes venezolanos para adquirir su Permiso de Protección Temporal (PPT), documento que además de permitir la regularización, también hace que estas personas puedan acceder a diferentes bienes y servicios legalmente en el país.

Según denunció la directora de la Fundación Juntos Se Puede, Ana Karina García, en medio del foro De la Regularización a la Integración Social y Económica de la Población Migrante, organizado por la Unión Europea y la Cooperación Alemana, quien acusó a Migración Colombia de hacer redadas en contra de esta población vulnerable, así como negar documentos por multas.

Se denunció que Migración Colombia estaría implementando una política que eleva las barreras para adquirir el PPT. | Foto: Guillermo Torres Reina

“Entendemos que estas medidas hay que corregirlas, pero lo que está sucediendo es que el migrante no tiene ni la menor idea de la existencia de multas por lo cual no hay un debido proceso, por lo que el migrante venezolano no tiene cómo defenderse y en el principio del derecho a nivel internacional, una persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario o hasta que esté condenada judicialmente” afirmó García.

Es de recalcar que, en medio del foro estas denuncias estaban siendo escuchadas y atendidas por Margarita Bautista, subdirectora de extranjería de Migración Colombia; Tania Niño, Oficial de protección de WFP y Operación de Fortalecimiento de el SISBEN/DNP y, Viviana Araque, Presidenta Ejecutiva de Bancamia, entre otros.

Así entonces, la defensora de derechos humanos indicó que desde la entidad colombiana se estaban imponiendo barreras en contra de la población migrantes, y luego de negar permisos, en algunas ocasiones las autoridades aprovechaban la información obtenida para hacer redadas en contra de estos migrantes, espacios en los que las autoridades pedían documentos como el PPT y estas personas no podían presentarlos por anteriores negativas, por “medidas correctivas”, entre otros motivos.

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“Estas medidas correctivas se convierten en una negativa de los PPT. Eso es hoy una gran preocupación que hay en la sociedad civil”, agregó García, haciendo referencia a la necesidad creciente de investigar las presuntas actuaciones de Migración Colombia con respecto a las denuncias que se han recibido, así como a evitar que la población migrante tenga más barreras para legalizar su situación en el país.

“Al final lo que se consigue con la negación del PPT es violar un derecho fundamental y que todo este proceso y este gran trabajo que ha hecho Colombia de integración se retroceda porque no hay unas conversaciones pertinentes para solucionar esto”, agregó García.

Entre tanto, también aprovechó su participación en el foro para poner sobre la mesa la discusión sobre las rutas migratorias desde Colombia hasta Estados Unidos, en la que se encuentra el tapón de Darién, la selva que conecta con Panamá, camino en que cientos de personas han perdido la vida por las difíciles condiciones que se presentan en medio del viaje.

“Hay que buscar formas para que haya una garantía de derechos fundamentales para los migrantes que está quedando expuestos y vulnerables, los cuales los llevan incluso a tomar la decisión de empezar a caminar a través del Darién y exponerse a una cantidad de peligros hasta llegar a México, continuando así con la odisea de un migrante que quiere cruzar ilegalmente hasta los Estados Unidos”, fueron las palabras de García.

Pues bien, en el foro también se elevó la voz para hacer eco en las acciones de las organizaciones civiles, resaltando la importancia de las ONG en cuanto al cuidado de los derechos humanos y la información que se brinda a los migrantes en los diferentes casos que se puedan presentar, para lograr que esta población vulnerable pueda encontrar su destino y una calidad de vida digna.