Cada persona vinculada al sistema de salud en Colombia hace aportes a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y el valor es equivalente al salario que devengue. Teniendo en cuenta que este es un sistema solidario, quienes tienen más arropan a quienes tienen bajos ingresos y así se garantiza el cumplimiento de un derecho fundamental. El dinero aportado llega a cuentas maestras porque en realidad las EPS no son las dueñas de esos recursos, sino el sistema de salud. Tal figura fue creada por el Gobierno nacional con el fin de hacer control y seguimiento a los recursos del régimen subsidiado. Esas cuentas, se supone, son un mecanismo que asegura su correcta destinación.
No cualquiera puede tener acceso a esa cuenta bancaria, solo las EPS, la Superintendencia de Salud, interventorías y otros relacionados con el sector. La ley hace una clara advertencia y es que por ser recursos del sistema de salud no se pueden embargar, ya que desencadenaría una bola de nieve que, con el paso del tiempo, afectaría la atención de los usuarios. Si embargan una de esas cuentas maestras, se dejan de utilizar recursos para pagar proveedores que brindan servicios a pacientes. Pese a las advertencias hechas, hay hospitales, clínicas, centros diagnósticos, entre otros del sector, que al ver que las EPS no les pagan se ven obligados a empezar un cobro jurídico y en medio del pleito, un juez ordena embargar las cuentas que se suponen son inembargables, lo que desencadena un sinfín de problemas que han terminado incluso en la liquidación de varias EPS.
Diferentes entidades promotoras de salud y la Red de Veedurías han denunciado la existencia de un supuesto cartel de embargos, en el que gerentes, abogados y jueces se alían para retener estos dineros mientras hacen cobros de servicios que, presuntamente, nunca existieron o que tienen cobros excesivos. Al parecer, embargar las cuentas se termina convirtiendo en un mecanismo de presión para que las EPS concilien y terminen cediendo a realizar pagos con tal de poder volver a tener acceso a los recursos y evitar que el problema golpee a otros proveedores. En otros casos, jueces han ordenado el pago de la supuesta deuda antes de demostrar que los cobros eran justos y argumentado que una vez desembolsado el dinero es difícil que se devuelva porque ya tuvo otra destinación.
En los despachos de la Contraloría y la Procuraduría hay decenas de carpetas de EPS que dicen ser víctimas del llamado cartel con facturas que no tienen soportes, como si se tratara de pacientes fantasmas, pues nunca aparecieron autorizaciones de los servicios, detalles de cargos, descripción quirúrgica, cuota moderadora y comprobantes de recibo del usuario. Algunas de las facturas evidencian que mientras la mayoría de los proveedores cobran por insumos o servicios un valor hasta tres veces menor, estas compañías se mantienen en cobros exagerados. Por ejemplo, una placa quirúrgica de ortopedia, por la que otras compañías cobran un millón de pesos, estas entidades que embargaron facturaron, por una de igual característica, tres millones de pesos.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) es consciente de la ola de embargos que se están dando. Durante 2021 llegaron 281 órdenes de embargo producto de estos procesos judiciales, con pretensiones que ascendían a los 626.000 millones de pesos. “En nuestro ejercicio de defensa presentamos oposición ante los jueces para aplicar esas retenciones y, por ello, logramos la abstención de la medida para evitar el embargo de 342.000 millones”, dijo Luis Miguel Rodríguez, jefe de la oficina Jurídica de la Adres. Lo curioso es que muchos de los casos se presentan en los mismos juzgados y coinciden los mismos abogados como apoderados. La mayoría se registran en el Caribe colombiano, Norte de Santander y Huila. Hay quienes dicen que las coincidencias existen, pero en este tema el asunto huele mal.
Coomeva es una de las EPS, recientemente liquidada, que denunció que parte de su problema financiero radicó en embargos irregulares, teniendo en cuenta que le retuvieron dineros consignados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que pertenecen y que efectúan los empleados y trabajadores independientes, según lo indica la Ley 100 de 1993. En una denuncia que radicó ante la Comisión de Disciplina Judicial, en la que se declara víctima, dice que le están cobrando más de 136.000 millones de pesos en pacientes fantasmas y tratamientos de papel. Jueces, en su mayoría, de Barranquilla y Corozal fueron los que avalaron tales embargos. A la liquidada EPS le embargaron cuentas por un valor de 62.000 millones de pesos. Quienes ordenaron estos embargos fueron el Juzgado Primero del Circuito de Corozal, los juzgados Primero y Segundo Civil de Barranquilla y, en la misma ciudad, el Juzgado 13 Civil del Circuito.
Ese último llama la atención porque, en medio de la investigación de SEMANA, se pudo establecer que, pese a que los casos deberían llegar de manera aleatoria a los diferentes juzgados que hay en el país, eso no sucede y se terminan concentrando en unos pocos. Por ejemplo, solo en el Atlántico el juzgado que más casos ha ordenado embargos es el 13 Civil del Circuito de Barranquilla. Allí reposan procesos contra varias EPS, entre ellas Medimás. De los 72 procesos de embargo que tiene esta EPS en el departamento, el 65,28 por ciento de las demandas ejecutivas las resuelve este juzgado.
Durante 2022, los entes de control advirtieron a jueces y empresas del sector salud que debían poner la lupa sobre el llamado cartel de los embargos. El contralor general, Felipe Córdoba, pidió, el pasado 16 de febrero, al Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla dar explicaciones del por qué está embargando estas cuentas maestras, cuando se supone que deberían ser inembargables. Entre las solicitudes hechas al despacho, piden indicar el número de demandas que actualmente tramita el juzgado, en las cuales la demandada es una Entidad Promotora de Salud. De igual manera, Córdoba exhortó a las entidades bancarias a que se abstengan de tramitar embargos de cuentas que contengan recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Desde el despacho del juez argumentan que tienen cómo demostrar que actúan bajo la ley acatando unas excepciones de inembargabilidad, de acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Pero este no es el único juzgado en el que tienen puestos los ojos los entes de control. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigará, en cabeza del magistrado Julio Andrés Sampedro, el llamado cartel de los embargos.
Cuatro magistrados revisarán los casos de los jueces y abogados denunciados por presuntamente cometer irregularidades para favorecer a empresas prestadoras de salud. Las investigaciones determinarán si existe o no ilegalidad en las medidas y en los cobros. Lo que sí es seguro, hasta el momento, es que tales embargos están poniendo trabas para una buena prestación en el servicio de salud de los colombianos.