Un funcionario público de la Gobernación de Bolívar, un jefe de sistemas de la Alcaldía de Barranquilla, un trabajador de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, un secretario de la Procuraduría, un contratista de la Gobernación de Cundinamarca, empleados de la Universidad del Norte, varios más del Externado y un integrante de la Oficina de Comunicaciones de la Federación Nacional de Departamentos son algunos de los beneficiados de la convocatoria Fondo de Formación TIC para el cambio en este primer semestre de 2024, según el documento de Excel publicado por las entidades y constatado por SEMANA.
Sin embargo, la convocatoria era enfática en señalar que se asignarían hasta un 50% de los recursos de manera priorizada a mujeres, poblaciones de especial protección constitucional como indígenas, víctimas, afros, raizales, palenqueros, y en condición de discapacidad.
“Una vez realizado el proceso de calificación por parte del ICETEX, se evidencia que el 49 % de los beneficiarios aprobados correspondió a dicha población”, dijo esa entidad.
SEMANA insistió en conocer los casos puntuales de los beneficiados en las poblaciones vulnerables y enviaron tres casos específicos: un hombre y una mujer víctima del conflicto armado y una mujer indígena.
Además, se contactó a los estudiantes de poblaciones víctimas, mujeres y hombres en situación de discapacidad que cumplieron los requisitos entre los primeros días de diciembre y no fueron priorizados.
“Hice la inscripción la primera semana de diciembre y hubo muchas fallas en el sistema. Logré hacerlo todo el 15 de diciembre, me notificaron que todo estaba en orden. Soy discapacitado con registro en sistema nacional de discapacidad y no salí beneficiado, eso me indica que no hicieron la priorización que estaba en los términos. Yo mandé un derecho de petición para que me expliquen”, indicó Fernando Granados, un administrador de empresas que aspiró a la especialización Fintech en la EAN y que invirtió 170.000 pesos en la inscripción.
Desde el principio de la convocatoria señalan que hubo anomalías. La adjudicación de los créditos condonables se realizó en los siguientes tiempos: la convocatoria se hizo el 1 de diciembre de 2023 y la inscripción de aspirantes iba hasta el 12 de enero. Los documentos y subsanación del 4 de diciembre al 15 de enero. La verificación de cumplimiento de requisitos y calificación, del 16 al 22 de enero, la publicación de resultados, reporte de legalizados y lista de espera el 25 de enero. La firma de garantías del 26 de enero al 16 de febrero.
Sin embargo, el 25 de enero, los resultados se publicaron durante casi todo el día, hasta que un juez pidió con una medida cautelar retirar el link. Un día después, la Universidad del Norte anunció mediante sus canales, que recibiría a 112 estudiantes beneficiarios de esta convocatoria, es decir, el 30 % del total. Todo esto quedó registrado en una publicación de la misma universidad.
“Para participar de la convocatoria había unas condiciones mínimas que permitían que cualquier profesional del país (salvo funcionarios de MinTIC e ICETEX), pudieran aspirar a los beneficios de estos créditos condonables. En los términos de la convocatoria se contempló, entre otros, cómo uno de los criterios de selección era el orden de inscripción determinado por la fecha de diligenciamiento y envío del formulario”, respondieron desde el Ministerio de las TIC.
Lo sospechoso, según los estudiantes, se dio porque la convocatoria dejaba claro que “el fondo podría cerrar la etapa de inscripciones antes de la fecha estimada si se presenta un número de solicitudes superior a un 20 % al valor de los recursos disponibles”.
Pero eso no se cumplió. La convocatoria continuó abierta y superó las 14.942 solicitudes, es decir, el 350 % de lo anunciado. “Si bien los términos de referencia indicaban que la convocatoria podría cerrar la etapa de inscripciones antes de la fecha límite establecida (12 de enero), bajo la condición de haber superado en un 20 % el valor de los recursos destinados para la misma, se mantuvo abierto el proceso para brindar mayores oportunidades de participación a las personas”, indicaron desde el ICETEX.
Según informó Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, el pasado 3 de febrero fueron entregadas 400 becas, lo que quiere decir que la convocatoria debía cerrarse cuando se hubieran inscrito 480 personas. En total aprobaron solo el 2,75 %
SEMANA conoció que el presupuesto asignado por parte del Ministerio TIC para esta convocatoria fue de $8.579.000.000, un dinero que dejó el gobierno anterior y que Lizcano quiso aprovechar para la convocatoria de especializaciones y maestrías TIC.
La queja es mayor por la inversión de cada uno de los estudiantes. Para la convocatoria se asumieron costos respecto al proceso de admisión al programa escogido mayor a 120.000 pesos o la solicitud de estudio de crédito ante la Central de Información Financiera (CIFIN) que cuesta 12.000.
Por ejemplo, José Durán, abogado de 23 años, aspiró al programa de Especialización en Innovación Legal de la Universidad Externado y en total gastó 145.000 pesos. Felipe Rodríguez, de 28 años y economista, aspiró a su formación en Eafit y gastó 318.000 pesos. Janeth Montaña, de 26 años, pretendía estudiar en la Universidad Autónoma de Manizales la especialización en desarrollo de software con énfasis en pruebas y gastó 130.000 pesos. Ana María Arenas Giraldo aspiró a Sistemas y Gerencia de la Información e invirtió 572.000 pesos.
“Denuncio el engaño de la información que dieron, que no hayan cumplido con nada de lo que el documento inicial decía. El vacío en la cantidad de cupos, no cerrar la convocatoria después del 20 %. Gastamos mucha plata, los resultados no los publicaron con claridad, los enlaces no funcionaban. Yo no me volvería a presentar, porque siento que es un robo y nos quitan la esperanza”, indicó Ana María.
“No nos respetaron nuestros derechos. No es el gobierno del cambio, las oportunidades no son para todos, sino para los mismos. Petro, por quien votamos los jóvenes, no se ha pronunciado. Pedimos reparación integral. Me siento defraudada por el gobierno”, dijo Tayde, quien hace parte de la población vulnerable.
“El cambio se refleja desde la transparencia, eso no lo sentimos. Una convocatoria debería ser clara y contundente, por ejemplo, ¿Cómo se adjudicó el contrato con ICETEX?”, indicó Camila desde Medellín.
Más de 200 estudiantes se unieron en todo el país y presentaron diversas tutelas para buscar respuestas. Por su parte, el Ministerio de las TIC informó el pasado 6 de febrero que habrá una segunda convocatoria.