Una grave denuncia realizó la a Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC): cuatro menores indígenas fueron asesinados en la Comunidad el Estrecho, en los límites entre Amazonas y Caquetá.
Según indican en la misiva, el conflicto armado en el Putumayo sigue vulnerando sus derechos humanos.
El más reciente hecho de violencia comenzó desde el pasado 26 de marzo y tuvo un desenlace fatal. Integrantes del frente Carolina Ramírez realizaron un reclutamiento forzado de un joven menor de edad en la Comunidad de Guaquira del pueblo indígena Murui, llamado Luis Alberto Matías Capera.
Comunican que este joven, decidió escapar de este grupo armado que lo había reclutado forzosamente junto a otros tres jóvenes más que se encontraban en su misma situación y que también hacen parte del pueblo Murui. Sin embargo, fueron encontrados y asesinados por estos disidentes de las Farc.
“Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023 en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad “el Estrecho”, en límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego a cada uno de los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”, dice la denuncia oficial.
Por el grave hecho, desde la Coordinación de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) hacen un llamado al Ministerio del Interior, Fiscalía General de La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ejército Nacional de Colombia, Unidad Nacional de Protección – UNP, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Gobernación del Departamento de Putumayo, a Defensoría del pueblo, y a los órganos multilaterales como MAPPOEA y ONU para que protejan a las comunidades, eviten el reclutamiento de niños y capturen a los responsables de la masacre.
“Solicitamos que acompañen este caso y en el marco de sus funciones realicen las debidas solicitudes al Estado colombiano para que atienda la situación con enfoque étnico diferencial para contrarrestar y prevenir hechos violatorios de los derechos humanos, como posible confinamiento y desplazamientos forzados.”, dice la denuncia.
Así mismo, exigieron a los grupos ilegales al margen de la ley, el respeto por la vida e integridad personal de los indígenas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.
“No tienen por qué realizar reclutamientos forzados, ni mucho menos atentar contra la vida e integridad de ellos. Solicitamos a las autoridades nacionales, territoriales; Alcaldías y Gobernaciones para que brinden las condiciones de seguridad, garantizándoles a nuestros niños, niñas y adolescentes condiciones dignas de buen vivir y cese la violencia de los distintos grupos armados ilegales quienes asesinan, desplazan, confinan a los y reclutan forzosamente a nuestros compañeros indígenas”, puntualizan.
“Se le acaba a uno la esperanza”: angustioso llamado del abuelo de los niños accidentados en Guaviare
Han pasado 20 días desde que la Aeronáutica Civil informara que una avioneta tipo Cessna, que cubría la ruta entre Araracuara y San José del Guaviare, se declaró en emergencia por una aparente falla en el motor, con siete ocupantes a bordo. La última comunicación por parte del piloto, ubicó la aeronave en los límites entre Caquetá y el Guaviare.
Desde entonces, Colombia ha estado en vilo frente a la suerte de sus ocupantes: el piloto, Hernando Murcia; dos adultos, Hernán Mendoza y Magdalena Mucutuy, y los cuatro hijos de esta última.
En medio de ese cruce de noticias, la familia de los niños completa varios días de angustia e incertidumbre. Este sábado, en diálogo con SEMANA, el abuelo de los pequeños, Fidencio Valencia, confesó que aún no tienen noticias sobre el paradero de sus nietos. “No se han encontrado a los niños. Estamos en eso. Se le acaba a uno la esperanza. Uno se agota de tanto pensar, por no saber la verdad”.