El pasado 27 de enero, cuando Jorge Armando Otálora renunció a la Defensoría del Pueblo, Alfonso Cajiao, quien se desempeñaba como secretario general de la entidad, asumió las riendas de la institución. Una semana después, a la Fiscalía llegó una denuncia penal que podría comprometer su estabilidad en el cargo. Piden investigarlo por presunto prevaricato. La historia que podría enredar al nuevo defensor del Pueblo se remonta al 22 de octubre del 2014. Ese día, Cajiao, en su condición de secretario de la Defensoría, firmó un contrato de prestación de servicios con el abogado Herney Moncayo Vélez, para que desempeñara las funciones de defensor público en el municipio de Palmira, en causas penales enmarcadas en el programa Municipios Promiscuos, postulados de la ley de justicia y paz, en el responsabilidad penal de adolescentes, así como causas civiles y de familia circunscritas a este municipio vallecaucano. Cajiao contrató los servicios de este abogado a pesar de que tenía vigente una inhabilidad para contratar con el Estado, y por una causa bastante delicada. Una sencilla búsqueda en Google arrojó la sentencia del 14 de abril de 2011, en la que Moncayo Vélez fue condenado por el Tribunal de Superior de Popayán a 72 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir, dentro de un proceso por narcotráfico (Ver condena). Aunque fue absuelto de los delitos de tráfico y fabricación de estupefacientes, por el cual había sido acusado, la condena proferida y ratificada en segunda instancia lo inhabilitaba para contratar con el Estado y para desempeñarse como funcionario público. Lo particular del caso es que esta inhabilidad estaba vigente al momento de suscribir el referido contrato con la Defensoría. Semana.com conoció el reporte del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), de la Procuraduría general de la Nación, en el que efectivamente se comprueba que para octubre del 2014, el abogado Moncayo Vélez seguía inhabilitado. El certificado firmado por Adriana María Forero, coordinadora del grupo SIRI de la Procuraduría, con fecha del 7 de diciembre del 2015, es concluyente: “El señor Herney Moncayo Vélez, registra en nuestros sistema la anotación 200638702, la cual se encuentra vigente, por no haberse cumplido los cinco años que señala el inciso 3 del artículo 174 del Código Disciplinario Único, C.D.U.”. William Marmolejo, jefe de la Red de Veedurías en el Valle del Cauca y quien interpuso la demanda contra el nuevo defensor, señala un agravante. Dice que Cajiao fue advertido con antelación de que el abogado que quería contratar estaba inhabilitado. En efecto, certifica que el 13 de noviembre del 2014, tres semanas después de que se suscribió el contrato, le informó a la señora Maria Fernanda Guevara, mano derecha del entonces defensor Jorge Armando Otálora, vía telefónica y por correo electrónico, sobre las inhabilidades del mencionado abogado. Marmolejo asegura que el entonces secretario general tenía conocimiento de los antecedentes del abogado, y que sabía que no podría suscribir el referido contrato. Por eso, en la denuncia, pide a la Fiscalía que investigue al nuevo defensor del Pueblo por el presunto delito de prevaricato. “No estaba inhabilitado” El defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao, respondió a estos señalamientos. En diálogo con Semana.com presentó los documentos que certifican que para la fecha en que se suscribió el contrato con el abogado Herney Moncayo Vélez, este no tenía ningún tipo de antecedentes, ni judiciales, ni disciplinarios, ni fiscales. Prueba de ello son los certificados de la Policía, la Procuraduría y la Contraloría, que para el 20 de octubre del 2014 (dos días antes de firmar el contrato) certificaban que Moncayo no presenta antecedentes. La inquietud que surge es si el abogado había sido condenado en segunda instancia, en el año 2011, ¿por qué no tenía antecedentes? En el año 2011, Moncayo puso una tutela en el Tribunal Superior de Cali, y con el argumento de que ya había cumplido su pena, pidió que se le respetara su derecho fundamental del habeas data y se le eliminaran sus antecedentes. La tutela fue fallada en su favor, y el 9 de julio de ese año se le ordenó a la Procuraduría removerlo de su listado de antecedentes. En efecto, la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda dio cumplimiento al fallo judicial y ordenó la eliminación de los antecedentes del abogado. En un documento oficial la funcionaria advierte que la responsabilidad que genere esta situación “será asumida por la rama judicial”. Pero hay otra inquietud que surge. Si el abogado Moncayo había sido condenado por concierto para delinquir, en un proceso por narcotráfico, ¿por qué fue contratado para ejercer como defensor público? Cajiao asegura que el abogado cumplió con todos los exhaustivos requisitos de la Defensoría, en los que se valoró su amplia experiencia, y al no tener antecedentes en los organismos de control y de Policía, “como no estaba inhabilitado, no había ningún argumento legal para no dar cumplimiento al contrato”, asegura. “No sabíamos ni siquiera que había tenido una condena”, agrega. El defensor del Pueblo, quien asegura que el abogado Moncayo cumplió a plenitud su trabajo, ahora admite que “le ocultó información a la Defensoría”. Ante la denuncia interpuesta en la Fiscalía dice que está “tranquilo” y se mostró confiado en responder cualquier investigación que decidan atribuirle. “Tengo cómo probar que la firma de ese contrato estuvo ajustada a la ley. Si el abogado estaba inhabilitado, la responsabilidad es del juez que ordenó borrar los antecedentes”. Alfonso Cajiao no completa su primera semana como defensor del Pueblo y ya tiene su primer enredo. Llegó al cargo tras una de las más grandes polémicas que se han presentado en la institución, el caso de presunto abuso sexual y laboral que condujo a la renuncia de Jorge Armando Otálora. Ahora la Fiscalía determinará si abre una causa penal en su contra.