La concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático Diana Diago denunció un posible detrimento patrimonial de la Alcaldía de Bogotá por la construcción de unas taquillas de TransMilenio que hoy no están al servicio de la ciudadanía.
De acuerdo con la cabildante, el IDU firmó un contrato con la empresa CMA Ingeniería & Construcción para hacer la externalización de las taquillas de las estaciones Virrey, Pepe Sierra y Calle 127. A pesar de iniciar en junio de 2020 y tener prevista su finalización para febrero de 2021, un año después esto sigue sin ser una realidad para los usuarios.
Este contrato “se suscribió de manera directa bajo la figura de urgencia manifiesta. Si era tan urgente, ¿por qué aún no se ha entregado? y ¿por qué ya lleva seis suspensiones y cinco modificaciones al contrato?”, cuestionó la concejal Diana Diago.
También manifestó que esto lo único que demuestra es la falta de planeación contractual por parte de la entidad y de supervisión para que los contratistas cumplan adecuadamente sus obligaciones.
El contrato se firmó por un valor de 14.324 millones de pesos, pero a la fecha va en 15.020 millones de pesos, sobrecostos que salen del bolsillo de los ciudadanos, advirtió la cabildante. Aunque las taquillas ya fueron construidas, hoy están sin utilizar y completan varios meses abandonadas, deteriorándose y generando posibles sobrecostos.
“Las obras se finalizaron, pero no sirve de nada tenerlas y no usarlas. Los ciudadanos pagan sus impuestos para que la ciudad avance, para que el acceso a los servicios sea mejor, pero hoy estas taquillas no están en uso y presuntamente se estaría generando un detrimento patrimonial. La movilidad es un dolor de cabeza para los ciudadanos y hoy se ven sometidos a largas filas para poder ingresar al sistema”, puntualizó la concejal del Centro Democrático, Diana Diago.
Detrimento en hospital de Corferias
Lo ocurrido con las taquillas externas de TransMilenio se sumaría a lo ocurrido en el hospital de Corferias. La Contraloría de Bogotá, en una auditoría de regularidad que se hizo en diciembre del año pasado y de la que se conocieron los resultados solo hasta mediados de enero, determinó que el hospital temporal adaptado por la administración de la alcaldesa Claudia López en Bogotá para atender la covid-19 habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 3.900 millones de pesos.
“Observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria en cuantía de $3.941 millones por estudios previos inadecuados e imprecisos y falta de medidas contractuales que contrarrestan la baja ocupación de pacientes en el Centro Hospitalario Transitorio Corferias al no utilizar 1.726 cubículos/cama en ejecución del contrato BS-057-2020″, cita en un documento el ente de control fiscal.
A mediados de 2020, cuando ya la pandemia estaba golpeando en Colombia, el Distrito adecuó Corferias como un hospital temporal, como una opción para ampliar el número de camas que se requerían para atender a los bogotanos en medio de la crisis sanitaria. Sin embargo, del total proyectado de 2.000 camas, finalmente solo estuvieron en funcionamiento 274, según el documento de la Contraloría.
El ente fiscal encontró que habría estudios previos inadecuados e imprecisos en los contratos y la administración del Hospital Transitorio de Corferias.
Esta auditoria se dio tras una petición elevada por la concejal de Bogotá de la Unión Patriótica Heidy Sánchez, quien había alertado sobre el tema.
“La Contraloría nos dio la razón [sobre] el Centro Hospitalario Transitorio de Corferias: el despilfarro de Claudia López. La auditoría generó una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por $3.941.691.894, entre otros hallazgos”, indicó Sánchez.
Sobre el tema se pronunció en su momento el concejal de Colombia Justa Libres Emel Rojas, quien había lanzado alertas sobre este tema y calificó la obra como un “elefante blanco”.
“Recibí muchos ataques cuando me atreví a criticar el Hospital Transitorio de Corferias adaptado por la alcaldesa. Hoy la Contraloría de Bogotá denuncia que allí se generó un detrimento patrimonial de 4.000 millones de pesos. Teníamos razón, fue un elefante blanco”, manifestó Rojas.