Las comunidades de Chiquinquirá, San Antonio, El Progreso, Caño Raya, El Líbano, Nazareth, La Esmeralda y San Martín, pertenecientes al municipio de Tibú (Catatumbo), tendrían retenidos a cerca de 200 miembros del Ejército Nacional.
SEMANA, de igual manera, pudo conocer que los militares llegaron este martes 26 de octubre a ese territorio para erradicar de manera manual varios cultivos ilícitos, como estaba planeado inicialmente.
Pese a que no entregó mayores detalles, una fuente judicial también señaló en este mismo medio que los uniformados permanecen actualmente en una de las escuelas del sector, mientras que las comunidades los rodean para evitar que salgan del lugar y sean evacuados vía aérea.
“Estamos en este proceso buscando que el Gobierno cumpla lo pactado con estas comunidades para sustituir los cultivos ilícitos. Creemos y estamos seguros que erradicarlos traerá violencia, pobreza y desplazamiento”, precisó Junior Maldonado, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
Maldonado, adicionalmente, puntualizó que se espera que a esa zona arribe una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, con el objetivo de solucionar esta problemática mediante el diálogo.
“Ojalá a través del diálogo se logre solucionar la compleja situación que hoy se vive y que ha llevado a que los campesinos salgan de sus fincas y rodeen a los soldados para mantenerlos retenidos”, concluyó.
Atentado en Tibú dejó un militar muerto y cuatro heridos
Mientras que algunas tropas desarrollaban varias labores de erradicación de cultivos ilícitos el pasado 16 de octubre en la vereda El Mirador, ubicada en la zona rural del municipio de Tibú, fue activada un área con artefactos explosivos instalados por grupos armados organizados que operan en ese territorio.
El Ejército Nacional informó que el soldado profesional John Byron Ángulo murió y que resultaron heridos un suboficial y tres militares profesionales, quienes fueron trasladados de emergencia a un centro médico de Cúcuta, donde recibieron atención médica especializada.
“Repudiamos estas cobardes acciones que demuestran la violación flagrante de los derechos humanos y la infracción a las disposiciones contempladas en el derecho internacional humanitario, al hacer uso de medios de guerra no convencionales, e instauraremos la denuncia ante las autoridades competentes. Los grupos armados organizados continúan instalando artefactos explosivos de manera indiscriminada para atentar contra la población civil y la fuerza pública”, indicó la institución.
El Ejército Nacional, además, advirtió que no ahorrará ningún tipo de esfuerzo para ubicar a los responsables de ese atentado. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar con las operaciones contra la cadena del narcotráfico, que impide alcanzar una paz con legalidad para el departamento de Norte de Santander”, concluyó.
Vale destacar que en la zona donde se presentó el hecho delinquen la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, entre otros grupos armados ilegales que prestan sus servicios a bandas del narcotráfico.