Por medio de su cuenta de Twitter, el abogado Daniel Briceño hizo una grave denuncia que salpica a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Según expuso, en la entidad “están embolatados $ 741.480.768 de anticipo de un contrato donde hay falsedad en documento público, incumplimientos, permisividad, dudas en la adjudicación y, sobre todo, mucho silencio por parte del gobierno de Bogotá”.

En su denuncia, Briceño cita la Cuenta de cobro n.° 0108-2022, con fecha del 11 de agosto del presente año. El documento señala que la UAESP “debe a PROARQING LTDA la suma de $ 741.480.768 por concepto de ‘Anticipo para la ejecución del Contrato de Obra No. 677-2021”.

Dicho contrato tiene como objeto “contratar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras civiles de mantenimiento, reparaciones locativas, mejoramientos, adecuaciones, demoliciones, reconstrucciones, junto con los trámites requeridos por las autoridades competentes a monto agotable en las sedes y por las que legalmente es responsable la UAESP en Bogotá”.

No obstante, Briceño señaló que el 4 de noviembre de 2021, la UAESP abrió la licitación No. LP - 04 - 2021 por medio de la cual se requería la contratación de distintas obras civiles para varias sedes y espacios de la entidad. Dicho contrato es por $ 1.800.000.000. “Las obras civiles de mantenimiento se ejecutarían, según el anexo de pliego de condiciones, en la sede central de la entidad, en el archivo central, María Paz, Cementerio Central y Cementerio del sur. El plazo era de seis meses”, anotó el abogado.

Posteriormente, el 14 de diciembre de 2021, en la audiencia pública de adjudicación, la UAESP presentó sus dudas sobre la oferta en primer orden de elegibilidad que era la de la Unión Temporal Mantenimientos. Las dudas tenían que ver con que podría haber un precio artificialmente bajo, según recibió Briceño en su denuncia.

En consecuencia, se otorgó plazo de un día para que Unión Temporal Mantenimientos explicara las razones de sus precios menores en comparación con los otros oferentes. Luego, el 16 de diciembre, se reanudó la audiencia y la UAESP decidió, en aplicación del principio de buena fe, creer en las explicaciones del proponente y adjudicarle el contrato.

“El contrato fue suscrito con la Unión Temporal Mantenimientos y en este se estableció un ANTICIPO correspondiente al 50 % del total del contrato ($ 750.000.000) el cual sería consignado cuando se cumplieran algunos requisitos”, complementó el abogado.

Para el 28 de abril de 2022, ya con el contrato en marcha, la Unión Temporal Mantenimientos solicitó al interventor la suspensión del contrato. Así mismo, pidió revisar la posibilidad de una cesión, argumentando “una difícil situación financiera que no les permitía ejecutar el contrato”.

El documento citado por Daniel Briceño estaba dirigido al Consorcio Intermejoras y hacía referencia al Contrato de obra n.° CO1.SLCNTR.7808322 / UAESP-677-2021. Textualmente, expuso los siguientes términos:

  • Primero: “Subsidiariamente con la solicitud de cesión de posición contractual expuesta al extremo contratante, la cual encuentra su fundamento en la falta de financiamiento propio por parte de la estructura plural que represento que pudiera comprometer el normal desarrollo del proyecto que no convoca (...)”.
  • Segundo: “Sin perjuicio de lo anterior, vemos la conducencia de la presente solicitud de suspensión, pues los recursos económicos por parte de la Unión Temporal Mantenimientos no resultan ser suficientes para adquirir obligaciones civiles, comerciales y labores intrínsecas en el desarrollo del proyecto. Dicho esto, y obrando en lealtad con lo pactado, reitero la posición de ceder nuestra posición contractual como medida legal, contractual, a fin de precaver la limitación en la satisfacción del interés general.
  • Tercero: “Bajo las premisas anteriores, se solicita: (i) Suspender el contrato de referencia para el término de un mes. (ii) Condicionado ello a que se apruebe la cesión de posición contractual por parte del extremo contratante”.

De acuerdo con Daniel Briceño, “inmediatamente la UAESP procedió a realizar la primera de seis suspensiones”. A renglón seguido, destacó que surge un interrogante: “¿La entidad no verificó la capacidad financiera de la Unión Temporal? Porque es evidente que no la tenía en realidad”.

“El 1 de junio de 2022 la Unión Temporal Mantenimientos realizó la solicitud formal de cesión del contrato y presentó como posible nuevo contratista a la empresa PROARQUING LTDA. La UAESP realizó un análisis de PROARQUING LTDA e inmediatamente procedió a cederle el contrato integralmente sin revisar la posibilidad de otros contratistas. Le hizo caso completamente a la sugerencia de la Unión Temporal Mantenimientos”, continuó Briceño.

Tres meses después, para septiembre de 2022, la UAESP procedió a certificar el cumplimiento de los requisitos del nuevo contratista y a desembolsarle el anticipo por $ 741.480.768.

Sin embargo, el 27 octubre surgió un dato que encendió la polémica. Según indicó Briceño, el interventor del contrato le escribió a la UAESP diciéndole que, según una verificación realizada con Seguros del Estado, las pólizas aportadas por PROARQUING LTDA eran falsas, por lo cual le solicitó suspender el contrato e iniciar proceso de caducidad.

Para el abogado resulta muy grave lo contemplado en dicho correo, donde -según dice- se confirma que las pólizas aportadas por el nuevo contratista son falsas. El peligro radica en que deja al contrato y el anticipo de más de 740 millones de pesos sin protección legal.

Finalmente, Briceño puntualizó que la UAESP procedió a pedirle explicaciones al contratista PROARQUING LTDA, no obstante, citó documentos que dan cuenta de que nunca respondió.

“El contrato se encuentra suspendido hasta el 30 de enero de 2023 mientras realizan los trámites, pero del anticipo no se habla en ningún lado. Es de vital importancia que el gobierno de Bogotá le dé la cara a la ciudad. Si el contratista PROARQUING LTDA no aparece, no tiene pólizas y tiene bajo su poder el anticipo ¿La ciudad va a poder recuperar esos $ 741.480.768? ¿Por qué nadie dice nada?”, concluyó Briceño en su denuncia.

Hasta el momento, la UAESP no se ha pronunciado frente a la denuncia hecha por el abogado Daniel Briceño a través de su cuenta de Twitter.