El Gobierno nacional tomó la decisión de reglamentar el uso y porte de armas traumáticas en el país, que por ahora tienen cierta flexibilidad y que, lamentablemente, estarían siendo usados por los delincuentes para cometer delitos. Se espera un decreto que sería publicado en los próximos días y que entraría a regir inmediatamente.
En medio de ese panorama, sigue generando reacciones el alcance que tendría la medida. El congresista Mauricio Toro, a través de un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), denunció que solo en el 2020 ingresaron al país unas 190.000 armas de este tipo, provenientes principalmente de Turquía, aunque hay unas que son de fabricación china y otras estadounidense. El mismo informe señala que en 2009 entraron 8.500 unidades y en 2016 se registraron 38.000.
Toro alertó que se trató del año de la pandemia y el confinamiento, por lo que la preocupación es mayor. Según cifras dadas por el Ministerio de Defensa en este contexto en 2018 se decomisaron 3.201 armas de este tipo; en 2019, 3.804; y en 2020, 5.478. En 2021 se han incautado 6.569, lo que refleja un alza en las cifras y un incremento del 105%.
El congresista de la Alianza Verde agregó que el uso que regularmente se le da a estas armas está relacionado con delitos tipificados en el Código Penal como hurto en diferentes modalidades, porte de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar y homicidios.
Toro reconoce el avance del Gobierno en este sentido y recuerda que no se trata de prohibir este tipo de armas sino que es necesaria su regulación. El propósito es que sean registradas como se hace con un arma común y corriente para saber a quién pertenece y si es usada o con qué propósito.
El parlamentario explica que las armas traumáticas se supone que son menos letales que un arma de fuego convencional, ya que los proyectiles que se disparan pueden ser de materiales como madera, goma, plástico, entre otros.
Los impactos pueden causar lesiones que pueden ser leves o graves, dependiendo del impacto y el elemento que se use. Se pueden causar desde desgarros, fracturas en huesos, conmoción cerebral, entre otro tipo de afectaciones.
En el informe de la FIP se hacen otras recomendaciones más allá de expedir el decreto que regule el porte de estas armas. Señalan, por ejemplo, que se debería revisar que un mismo ciudadano tenga múltiples permisos para portar un arma, ya que actualmente pueden hasta 4, dos por porte y dos de tenencia. La primera hace referencia a poder llevarla a todo lugar y la segunda conservarla en un inmueble registrado.
La FIP dice que también se debería tener en cuenta que se hagan inspecciones periódicas con el fin de controlar los usos o el estado del arma que está registrada. Además, que haya estrategias de identificación para saber dónde han sido comercializadas, expedidas, entre otros detalles que permitirán facilitar las eventuales investigaciones. Recomiendan seguir los principios del protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de la Convención de las Naciones Unidas.
En medio de este panorama se espera que el ministro de Defensa Diego Molano firme en los próximos días el decreto que regule este tipo de armamentos. Además, se trata de una apuesta por contribuir a reducir los índices de violencia y hurto que se han registrado en las principales ciudades del país.
Según cifras de Molano, estas armas están siendo utilizadas en varias modalidades de hurto. De las 1.500 armas que han sido incautadas, el 30% fueron utilizadas para este tipo de delitos. Otra de las razones que explicó el ministro de Defensa para tomar la decisión es que este armamento fue usado en medio de las protestas para atentar en contra de la fuerza pública. Y se han presentado casos de extorsión.