Una denuncia por supuestos sobrecostos en la Gobernación de Santander tiene en el ojo del huracán al gobernador Mauricio Aguilar. El diputado Ferley Sierra, de la Alianza Verde, señala que se habrían celebrado contratos para adquirir tapabocas para adultos y niños en el departamento por un precio bastante elevado.

Según la información brindada por Sierra, en uno de los contratos se detalla la compra de 94.340 cajas de tapabocas para adultos por un valor de 31.538 pesos por cada caja, para un total de 2.975 millones de pesos.

El diputado dice que consultó con varias distribuidoras y encontró que la caja de tapabocas, con impuestos incluidos, no supera los 15.000 pesos cada una, es decir que en el mercado las 94.340 cajas cuestan alrededor de 1.250 millones de pesos con impuestos incluidos. A la Gobernación le costaron 2.975 millones de pesos, es decir, casi unos 1.725 millones de pesos más.

Otro de los contratos sobre el que hizo la alerta Sierra es con respecto a los tapabocas para los menores de edad, que se habrían comprado entre otras con el propósito del retorno a las aulas. Allí asegura que se compraron 6.000 cajas, cada una por un valor de 63.000 pesos, para un total de 378 millones de pesos.

“Haciendo el mismo ejercicio y buscándolas en el mercado nos da que comprándolas al por mayor nos da que sale la caja a 14.000, en total serían 84 millones, sumándole el 40 por ciento de impuestos de la contratación pública, estaríamos hablando de 117.600 millones aproximadamente. Es decir, una diferencia de 260 millones”, asegura Sierra. Dice que con los dos contratos se estaría hablando de unos 2.000 millones de pesos en total que se pudo haber ahorrado el departamento.

La denuncia que hace el diputado también implica a los contratistas beneficiados con la compra de los tapabocas. Asegura que se hizo de manera directa por la Dirección Regional de Gestión del Riesgo con la Unión Temporal Bioseguridad y Protección, un consorcio que está conformado por dos empresas: Distribuciones Farmacéuticas del Oriente S.A.S, que tiene el 95% de la compañía; y Distribuciones y productos Life S.A.S., que tiene el 5% restante.

La irregularidad estaría en que, según información de la Cámara de Comercio, la empresa mayoritaria se llamaba Makropharma hasta febrero, pero luego cambió de nombre. El diputado señala que pudo haber sido por denuncias que se hicieron el año pasado por otras presuntas irregularidades en el contrato que hasta ahora ha sido el más caro para atender la pandemia, celebrado entre la Gobernación y esa empresa.

Así mismo, la única dueña de la compañía sería Liliana Mateus Ortiz, quien es la esposa de Adriana Amaya, una exmilitante del Partido de Integración Nacional (PIN), el cual se desintegró, pero también se sabe que es cercana al exsenador Luis Alberto ‘El tuerto’ Gil, condenado por parapolítica.

Con respecto a la empresa minoritaria, Distribuciones y productos Life S.A.S., asegura el diputado que está recién creada y que no reportó ningún movimiento financiero el año pasado. Denuncia que sería una “empresa de papel” en la que además uno de sus socios sería Iván Aguilar, un político de Santander del Centro Democrático y exdiputado del departamento.

Sobre toda la polémica, el diputado asegura que podría tratarse incluso de un caso de “presunto carrusel de contratación en la Gobernación de Mauricio Aguilar para beneficiar a estos contratistas”. Por eso, ya interpuso la denuncia penal en la Fiscalía, especialmente contra César Augusto García, director de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander, por la presunto punible peculado por apropiación en favor de terceros.