Por los presuntos delitos de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato por acción y una eventual falsedad por supresión o ocultamiento, todos en averiguación de responsables, los propietarios de 312 predios, que una vez fueron rurales en la ciudad de Manizales, denunciaron ante la Fiscalía presuntas irregularidades en un estudio plusvalía que contrató en 2019 la alcaldía de Manizales para definir el cambio del uso del suelo en amplia zona de la capital del departamento de Caldas, un aparente de caso de volteo de tierras.

La plusvalía es la herramienta legal que usan las administraciones municipales de cara a modificar el uso del suelo de una amplia zona por necesidad o ante la posibilidad de expansión urbana. El acuerdo beneficia a propietarios pues sus predios suben de valor, pero así mismo deben pagar un impuesto a la hora de vender, heredar o enajenar esas propiedades.

La firma de abogados que representa a los propietarios advirtió que el contrato firmado entre la alcaldía de Manizales y una constructora, sufrió de algunos errores que no fueron subsanados, a pesar de las advertencias que hicieron quienes ahora se constituyen como víctimas en el proceso judicial que arranca en la Fiscalía con esta denuncia.

“El contrato fue liquidado y declarado a paz y salvo pese a que el constructor no cumplió en los términos precisos en que se firmó ese contrato, omitiendo por ejemplo la visita a cada uno de los predios y el análisis normativo de cada uno de ellos, lo que llevó a que el impuesto de plusvalía quedará fijado en cifras completamente desproporcionadas”, señaló el abogado Ricardo Gaviría Ramírez, el encargado de liderar esta denuncia en la Fiscalía.

El asunto más grave para los propietarios, que se sumaron en esta denuncia, está no sólo en las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato para el estudio de plusvalía, sino en los resultados del mismo, pues mientras para algunos dueños de predios el impuesto llegó con cifras “desproporcionadas”, otros no tendrán que pagar nada.

“Se advierten graves errores en el estudio del constructor dado que bajo la complacencia de la administración municipal se entregó incompleto y mal hecho, llama poderosamente la atención que mientras el cambio del uso del suelo se autorizó para 455 predios el estudio de plusvalía sin justificación aparente sólo se liquidó para 312 de ellos”, dijo el abogado Gaviria tras explicar donde están las inconsistencias puestas en conocimiento de la Fiscalía.

Otro punto que llamó la atención de los propietarios indica que fueron 455 que entraron en ese análisis de la plusvalía y apenas 312 los que tendrán que asumir el tributo a la ciudad, el restante se beneficia de la nueva valorización, podrán iniciar proyectos de infraestructura y no están obligados a retribuir un centavo a la ciudad.

“Lo que deja una diferencia de 146 predios que se beneficiaron pero no tendrán que pagarle al municipio absolutamente nada por concepto de plusvalía. Los 312 restantes no sólo tendrán que hacerlo sino que tendrán que pagar en cifras completamente desproporcionada”, advirtieron los propietarios de los predios afectados con el nuevo valor.

Los abogados que lideran esta denuncia advirtieron que incluso al momento de recaudar el material probatorio acudieron a la alcaldía para obtener el expediente completo y en físico, pero allí mismo la Secretaría Jurídica les advirtió que al menos dos carpetas de expediente, con 200 folios, no aparecían luego de que fueron trasladadas a la Secretaría de Planeación municipal.

Adicionalmente advierte, el equipo jurídico de los propietarios, que resulta curioso cómo un ingeniero que participó del estudio de plusvalía en Manizales, continúa vinculado a la alcaldía como contratista en otros proyectos del municipio, esto sin contar que la firma que se contrató tiene asuntos pendientes en otras ciudades y proceso en la Procuraduría, por presuntas “irregularidades asociadas a la corrupción conocidas como el volteo de tierras”.

Respuesta de la alcaldía de Manizales

Señala Natalia Escobar Santander, secretaria de Planeación de Manizales, que “La plusvalía inició con la Ley 388 del año 1997. En esta se establece que, cuando hay un cambio de uso del suelo, debe haber una participación por plusvalía de estos terrenos que fueron beneficiados por esa novedad. A partir de la Ley 388, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Manizales del año 2017 incorpora la plusvalía con la participación del 50 % y se inicia todo el proceso para su reglamentación, en el año 2019. La administración de ese entonces contrató a través de un proceso de méritos a un consultor que se encargó de hacer la liquidación de plusvalía y, a finales de ese año, se adoptan por decreto los resultados del estudio que liquida la plusvalía”.

Según el argumento de Planeación, el año 2020, cuando llega esta nueva administración, lo que hace es continuar con ese proceso con el trámite de notificaciones. Sin embargo, fueron suspendidas durante la pandemia. Es así como se reanudan en el año 2021, acatando una orden de cumplimiento interpuesta por un grupo de ciudadanos que exigían el cumplimiento del POT.

La secretaria Escobar, frente a las denuncias que se encuentran en la Fiscalía, adviritó que “esperamos que se analicen las pruebas que fueron presentadas. Somos respetuosos de ese proceso que se dio en el año 2019, en el que se hicieron estos estudios, y estamos prestos a colaborar en cualquier asunto que requiera este órgano de control”.