Por no tener voluntad para aportar a la verdad, la Procuraduría General le solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que expulsen al mayor en retiro Óscar William Vásquez Rodríguez y el sargento (r) Gustavo Arévalo Moreno del proceso que se adelante por los desaparecidos del Palacio de Justicia durante la operación de recuperación, los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
Tras dos días de audiencias, la delegada del Ministerio Público determinó que tanto el mayor como el sargento han mostrado una posición para no contar la verdad y no entregar información para esclarecer el operativo de recuperación del Palacio, así como el trato dado a las personas que salían con vida de la edificación y eran trasladadas a la Casa Museo del Florero.
“Esta audiencia ha sido como las otras, no aportaron nada, estamos como al comienzo, creo que no se cumplieron las expectativas que había y en esas condiciones no queda alternativa distinta a que se rechace al señor Arévalo de la Jurisdicción y se devuelvan sus procesos a la justicia ordinaria con una moción que se tramite prontamente”, advirtió la procuradora.
En su petición, aseguró que es agotador continuar con estas sesiones si no se va a contar nada novedoso ni se va a dar información que permita aclarar los hechos que se presentaron hace una década: “No se justifica seguir perdiendo el tiempo ni dilatando más la actuación, con un caso que no aporta nada al esclarecimiento de la verdad”.
En este sentido, cuestionó la posición de los representantes jurídicos de los militares, quienes con su dicho han buscado revictimizar a las víctimas: “La actitud del abogado de insistir en lo mismo, y de persistir en lo mismo, y desconocer la naturaleza del escenario porque, perdóneme señor abogado y se lo digo con todo respeto, su actitud ha sido de un temor como si fuera a entorpecer la función que ya tiene”
Frente a esta petición, los abogados que representan a los familiares de los desaparecidos, pidieron que se excluya a los militares. El abogado Jorge Eliécer Molano aseguró que la posición de los militares busca negar lo ocurrido hace 37 años. “Es un manifiesto fraude a la verdad, se ha construido un templo a la mentira, es una burla a la jurisdicción de las víctimas”.
El hecho que el mayor en retiro Óscar William Vásquez Rodríguez no se hiciera presente a las diligencias judiciales citadas por la JEP y no justificara su inasistencia demuestra su poco interés en aportar a la verdad y colaborar con el esclarecimiento de los hechos del expediente Palacio de Justicia.
En 2012, un juzgado absolvió de duda probatoria al mayor Vásquez y al sargento Arévalo por el delito de desaparición forzada agravada. Por esta situación, considera necesario que “después de once años” la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resuelva el recurso de apelación presentada por la Fiscalía y los representantes de víctimas, y se emita fallo condenatorio.
En marzo pasado, la JEP expulsó al excomandante de la Brigada XIII del Ejército, general en retiro, Jesús Armando Arias Cabrales por no realizar aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. En su contra pesa una condena de 35 años de prisión por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Hace apenas unos meses, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales perdió el beneficio de libertad condicional, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinara que no ha cumplido con los compromisos para aportar a la verdad.
Tras analizar las respuestas entregadas por el general (r) Arias Cabrales durante la diligencia judicial que se llevó a cabo el 17 y 18 de enero de 2023, y mediante la resolución 1063 del 16 de marzo de 2023, la magistratura determinó que el compareciente no tuvo propósito alguno de esclarecer un mínimo de verdad, mucho menos la verdad total de los hechos por los cuales ya fue determinada su responsabilidad penal.
Para la sala, “el general (r) Arias Cabrales desconoció la razón de ser de la construcción de la verdad en la JEP”. Señala el tribunal que Arias Cabrales pasó por alto que la justicia ordinaria ya lo condenó como coautor de la conducta de desaparición forzada, pues su “aporte fue esencial y definitivo a la ejecución del comportamiento”. Pese a las advertencias de la sala durante la diligencia judicial de enero pasado, el general (r) revivió asuntos que no tienen discusión.