Tres presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Duendes, dedicado al tráfico de estupefacientes en el municipio de Girón, Santander, fueron enviados en las últimas horas a la cárcel por decisión de un juez de control de garantías.
Durante el operativo en el que fueron capturados los sujetos, fueron incautados 24 kilos de estupefacientes y más de 6.000 pastillas de clonazepan, celulares y dinero en efectivo.
Según la Fiscalía, los puntos de injerencia de este grupo delincuencial eran los barrios Villa de los Caballeros y Puerto Madero, en donde eran ubicados expendios móviles y fijos.
El ente acusador les imputó cargos por tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes, tras ser capturados en un operativo realizado por la Policía Nacional.
Los asegurados son: Gerson Leandro Hernández Pulido, Alejandro Duarte Valderrama y Harol Alemar Dueñas Delgado.
Sentenciaron a 16 años de prisión a exfuncionaria de la Alcaldía de Simacota, Santander, ¿qué hizo?
Tras un fallo de un juez de conocimiento de Simacota (Santander), se conoció la condena que recibió Ligia Patricia Sánchez Maldonado, exfuncionaria de la Tesorería municipal, quien fue hallada culpable de múltiples delitos que le imputó la Fiscalía.
Sánchez Maldonado, según reveló el ente acusador, fue sentenciada a 16 años y seis meses de prisión, luego de ser hallada responsable de los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, asociación para cometer delitos contra la Administración Pública y sustracción, ocultamiento o destrucción de documentos.
“El material de prueba aportado por el ente investigador determinó que la sentenciada se apropió de cerca de 200 millones de pesos que habían sido recaudados por la Alcaldía de Simacota, por concepto de pago de impuesto predial. La condenada acordó hacer esto con otra compañera de trabajo”, explicó la Fiscalía.
Ligia Patricia, quien se desempeñaba como técnica administrativa de la Tesorería de Simacota, ideó un plan con Luz Denis Martínez, empleada de la misma dependencia, para apropiarse de los recursos públicos entre el 2012 y 2015, detalla la investigación.
El millonario robo quedó al descubierto cuando los contribuyentes se percataron de que figuraban en la lista de deudores morosos y el comprobante que habían recibido tras pagar el impuesto predial era falso.
“Para concretar el delito, se logró establecer que las mujeres entregaron recibos falsos a los usuarios que cancelaban sus obligaciones tributarias. Muchos de estos fraudes salieron a la luz pública en 2016 cuando varios contribuyentes constataron que, a pesar de haber cumplido sus obligaciones, aparecían como morosos, por lo cual denunciaron”, agregó la Fiscalía.
Ante la contundencia de las pruebas, Ligia Patricia Sánchez Maldonado no tuvo más opción que aceptar su responsabilidad en los delitos que le fueron imputados y ahora deberá pasar los próximos 16 años recluida en una prisión.
Entre tanto, Luz Denis Martínez también fue imputada por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, asociación para cometer delitos contra la Administración Pública y sustracción, ocultamiento o destrucción de documentos.
En el caso de Luz Denis Martínez fue proferido fallo condenatorio y está a la espera de que se fije fecha para la lectura de la sentencia, indicó la Fiscalía.
Primera condenada por escándalo de corrupción en Bucaramanga
Uno de los escándalos de corrupción más sonados en la capital de Santander es el que a partir de 2015 se empezó a gestar con la remodelación de la Villa Olímpica en Bucaramanga.
Luego de una larga investigación, la Fiscalía General de la Nación presentó ante los jueces pruebas suficientes para demostrar que Paula Marcela Moreno Martínez fue responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado, tanto así que ella no tuvo otra opción que confesar y declarase culpable del delito, por lo que condenada por participar en el entramado de corrupción detectado en el proceso de contratación de las obras centro deportivo.
Moreno, al aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, se somete a sentencia anticipada. La mujer, entre 2015 y 2016, fungió como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos, según informó el ente acusador en un comunicado.