Según el artículo primero de la Constitución de 1991, Colombia es una “república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”. Sin embargo, para Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), el país aún tiene una deuda histórica en esta materia. “Tenemos la ley de regalías y el Sistema General de Participaciones, pero todo esto está condicionado a una autonomía nacional que no transfiere suficientes recursos, pero traslada cada vez más competencias a los departamentos”. Y precisó que solo será posible revertir esta realidad el día que exista una descentralización en autonomía presupuestal para las regiones.
Con este planteamiento coincidió el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán: “En la letra podemos hablar de descentralización, pero no se lleva a la práctica si no contamos con fuentes de financiación”. Dussán afirmó que, en materia de sostenibilidad fiscal, la discusión se debería dirigir hacia cómo lograr un desarrollo productivo que lleve a la autosostenibilidad de las entidades territoriales.
En ese sentido, desde la academia aseguraron que uno de los grandes retos es afianzar la capacidad de las regiones de generar recursos propios. “Se debe apuntar a una diversificación de ingresos”, enfatizó Alberto Castillo Castañeda, decano de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás.
¿Pero cómo se deberían distribuir los recursos para las regiones? Castillo manifestó que este proceso tiene que realizarse a través de la respuesta a las necesidades propias de los programas que están llevando a cabo las entidades territoriales, por ejemplo, en temas de energía, ambiente, turismo, etcétera. De esta manera, y con una buena estructuración de los planes de ordenamiento territorial, se podrá construir un desarrollo de acuerdo con la realidad de cada uno de los territorios.
Este encuentro también tuvo el propósito de generar un espacio de análisis y reflexión sobre la importancia de las regiones administrativas y de la planeación como herramienta para consolidar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo en los territorios.
Desde las RAP (Región Administrativa y de Planificación) –una alianza establecida entre departamentos para conseguir objetivos de desarrollo común–, se hizo un llamado a dirigir esfuerzos que contribuyan a la definición de temas concretos para el desarrollo territorial. “El presupuesto por resultados permite tener un norte claro frente a lo que requieren las regiones, es oportuno. Necesitamos un presupuesto real para los territorios”, advirtió Camilo Lloreda, gerente de la RAP Pacífico.Por su parte, Fernando Flórez, gerente de la RAP Central, agregó que, a pesar de los resultados positivos obtenidos desde estas entidades, los departamentos siguen trabajando con las uñas. “Necesitamos decisión y vocación de descentralización desde el Gobierno”, precisó.
Desde la mirada internacional, Pablo Jurado, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Provinciales de Ecuador, explicó la manera como su país viene trabajando esa descentralización. Sostuvo que los artículos de la Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) amparan a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales para que asuman competencias que dinamicen las economías regionales, y promuevan distintas opciones para mejorar la calidad de vida de la población.
Los panelistas destacaron que no hay que cambiar la Constitución, sino cumplirla, y pusieron sobre la mesa la propuesta de unificar los periodos presidenciales con los municipales y departamentales, con el objetivo de articular los planes de desarrollo y así generar mayores resultados en temas de desarrollo para Colombia.
Por último, Tavera recalcó que para descentralizar el país “se necesita que el Estado deje su función paternalista y se transforme en un Estado de confianza, donde se separen competencias y se garantice autonomía territorial para la planificación y ejecución”.