Este jueves, el presidente Juan Manuel Santos promulgó la Ley 1905 del 2018, que pone en cintura el ejercicio del derecho en Colombia. La nueva normativa establece como requisito que para poder recibir la tarjeta profesional los graduados deben aprobar un examen de Estado. Este requisito será exigido para quienes a partir de ahora se inscriban en la carrera de Derecho en cualquier lugar del país. A los estudiantes que ya están cursando sus estudios no se les aplica la nueva norma.La prueba, según la exposición de motivos de la norma, fue promovida al considerar que la profesión del abogado entraña un riesgo social y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la idoneidad del ejercicio. El proyecto fue liderado por los congresistas Germán Varón, Angélica Lozano, Germán Navas Talero, Carlos Abraham Jiménez, Jhon Eduardo Molina y Rodrigo Lara Restrepo, quienes manifestaron que se busca garantizar las aptitudes que requiere la profesión en cuanto a su responsabilidad social.La realización de dicha prueba estará a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y se podría realizar a través de una Institución Superior acreditada de alta calidad que se contrate para tal fin. La normativa también establece que en caso de que no apruebe, el estudiante podrá presentarse a las convocatorias siguientes. La tarjeta profesional es obligatoria para que los abogados puedan litigar. “Para ser representante de una persona natural o jurídica, para cualquier trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen”, dicta la nueva ley. Los congresistas manifestaron durante el trámite que la intervención de un abogado es principalmente preventiva. Con su asesoramiento y una correcta redacción de los contratos y documentos, pueden evitarse conflictos sociales. Con lo que el abogado, más que para los pleitos o los juicios, sirve para no llegar a ellos, sirviendo en muchos casos como mediador extrajudicial.Puede leer: Ahora los abogados tendrían que presentar su propio examen de Estado"En la medida en que su práctica entraña un riesgo social, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la idoneidad del ejercicio, máxime si se tienen en cuenta las estadísticas de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sobre los abogados sancionados por faltas contra la ética profesional, muchas veces ocasionadas por vacíos en su formación", manifestaron.El representante Navas aseguró que "uno de los problemas más graves del país es, precisamente, la debilidad de su sistema judicial, derivado en buena medida por la pésima preparación por parte de quienes están egresando de las Facultades de Derecho del país. No hay que olvidar que jueces y fiscales también son abogados, y las faltas que estas personas cometen, muchas veces, son ocasionadas por vacíos en su formación".Con esta norma se busca la verificación de los conocimientos y competencias mínimas de los egresados de derecho de las instituciones del país para evitar que en su ejercicio afecten los derechos de los ciudadanos.