La Superintendencia de Sociedades estableció que el conglomerado CDO -del que hace parte la firma que construyó el edificio Space- es controlado desde Panamá a través de una empresa de inversiones y una fundación, tal como lo reveló la revista SEMANA desde octubre pasado (Ver). La historia es así: Dos meses después de la tragedia que dejó 12 muertos, las acciones de las constructoras del político y empresario Álvaro Villegas Moreno fueron objeto de una operación societaria que hasta el año pasado no había suscitado acciones por parte de las autoridades colombianas. En documentos que fueron expuestos por Semana quedaba en evidencia que la Fundación Santa Cruz de La Sierra y Surquesa Investment Inc., domiciliadas en Panamá, hasta diciembre de 2013 eran los mayores accionistas de Lérida CDO. Lo anterior quiere decir que durante dos meses (el desplome de Space fue en octubre) dichas firmas estuvieron habilitadas para hacer movimientos financieros, girar utilidades y enviar dineros al exterior, sin que la Supersociedades hubiese podido imponer algún tipo de restricción. Dicho panorama resultaba relevante si se tenían en cuenta las millonarias reclamaciones que venían en camino no sólo por cuenta de las indemnizaciones a las familias de los fallecidos, sino por los casi 4.000 apartamentos -construidos por empresas del mismo conglomerado- que comenzaron a presentar fallas e inconsistencias de todo tipo. El anterior superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, declaró en su momento que en cuanto a Space, los dineros de Lérida CDO habían entrado a una fiducia a través de la cual se había logrado suscribir acuerdos de conciliación con los afectados en el 80 % del total de las reclamaciones. Sin embargo, la situación tomaba un cariz distinto para 11 familias representadas por la firma de abogados de Javier Tamayo Jaramillo, que no estaban dispuestas a conciliar en las condiciones que CDO proponía. El otro obstáculo grueso tenía que ver con afectados de edificaciones evacuadas, como Continental Towers, que siempre se mostraron contrarias a recibir edificios reparados o rehabilitados argumentando que estos habían perdido todo su valor comercial. En el hipotético caso en que alguna autoridad obligase a CDO a nuevas demoliciones, la Supersociedades vaticinaba que el dinero no alcanzaría para reparar a quienes no estuvieran dispuestos a recibir edificios repotenciados. Ese era el panorama en octubre del 2014. Según el nuevo superintendente, Francisco Reyes Villamizar, desde finales del año pasado la entidad comenzó una investigación que dio como resultado que tanto Surquesa Investment como la Fundación Santa Cruz de la Sierra, efectivamente son las firmas que controlan las matrices de todo el conglomerado CDO. Como resulta tan difícil para las autoridades colombianas saber quiénes son los controlantes de cualquier empresa domiciliada en el extranjero, la Supersociedades citó a Álvaro Villegas Moreno a una reunión en la que suministró información sobre quienes eran los integrantes de su familia que estaban detrás de las empresas en Panamá y que sirven como holding de las distintas sociedades. Con la información en la mano, la Supersociedades hizo una declaración de control que faculta a la entidad, gracias a la Ley 222 de 1995, para verificar las operaciones entre las empresas e impedir situaciones tales como la “imbricación”, es decir, cuando se dan participaciones recíprocas de capital entre matrices y sus subordinadas con el efecto de generar una duplicación parcial y ficticia de los asociados. Según Reyes Villamizar, el hecho de que la familia Villegas haya declarado ser el controlador de las empresas en Panamá tendrá efectos legales en los distintos procesos que se están llevando a cabo. “Los acreedores van a disponer de recursos de los controlantes en caso de existir pasivos insolutos en procesos de insolvencia”. El superintendente también aseguró que hasta el momento los accionistas de Lérida CDO han estado prestos a responder. “Se ha logrado responder al 90 % del total de las reclamaciones”, dijo.