En uno de los cubículos UCI del hospital La Inmaculada en Florencia (Caquetá) se vive una enorme angustia. El cabo primero Sebastián Uribe Romero se retuerce del dolor y nadie, por ahora, ha podido ayudarlo. El joven sufrió un grave accidente cuando una rama de un árbol le cayó encima en la profundidad de los Llanos del Yarí.
Se encontraba en cumplimiento del plan Ayacucho y en desarrollo de la Orden de Operaciones n.° 004 “AUSTRIA”. En el accidente, perdió inmediatamente el conocimiento y quedó con profundas heridas en su rostro.
“Estamos muy preocupados. Tiene tres fracturas. Una en la columna, en la parte cervical, que lo tiene en riesgo de quedar cuadripléjico”, le contó un amigo a SEMANA. “El parte médico informa que es muy riesgoso hacer un movimiento terrestre porque son 15 horas de movimiento y él se encuentra con un fuerte dolor. Pero solo le han podido poner una ambulancia y eso no es viable”, agregó.
La familia y los amigos del cabo claman ayuda para tener un avión ambulancia a la mayor brevedad. De la rapidez en la atención dependen las posibilidades del cabo de recuperarse mejor. “Nos dicen que en este momento no hay disponibilidad”, agregan sus amigos.
Sus seres queridos llamaron para conseguirla particular y los costos son imposibles para ellos. “Vale 17.300.000, lo cual para la familia es muy alto costo. Hemos estado tratando de contactar superiores que nos ayuden, pero ha sido imposible”, agregan sus allegados que dejan saber que el hospital tampoco autoriza el traslado en ambulancia dado el alto riesgo y les han dicho que deben firmar un consentimiento de que sacan al paciente por su cuenta y riesgo.
El drama que viven otros 900 soldados que no fueron incluidos en resolución que frena la salida abrupta de militares en el Ejército
“Desde que salí del Ejército el 30 de enero he vivido un completo drama. Esta es la hora que no he podido ni siquiera ingresar a estudiar al Sena; a través del convenio que tienen con el Ejército, estamos inscritos pero no nos han querido llamar a iniciar clases, tampoco he podido conseguir trabajo”, son las palabras del soldado profesional Javier Alzate, quien aseguró que fue sacado de manera burda de parte del Ejército, sin que le dieran el beneficio de cumplir con el año que los alista para el reintegro de la vida civil.
Así como Alzate, se encuentra el también soldado profesional Nicolás Loaiza, quien también fue retirado de la misma manera que su compañero. Según Loaiza, si bien el Ministerio de Defensa expidió una resolución para frenar la salida abrupta de los militares que ya cumplieron los 20 años de servicio y tienen derecho a la asignación de retiro, dicho documento rige a partir del mes de abril y a quienes siguen activos.
“En el mes de enero fueron sacados 228 soldados de manera abrupta, y en marzo, otros 748, para un total de 976 soldados a los que no se nos respetó el año del programa de asistencia para reintegrarse a la vida civil, queremos que se nos reintegre al Ejército para que podamos cumplir con ese derecho”, indicó Loaiza.
Por su parte, Alzate señaló que para los meses de octubre y noviembre del año pasado, como aún era soldado activo, se encontraba estudiando, pero a raíz de su baja en la institución por tiempo cumplido y no ser incluido en el programa de reintegro a la vida civil, perdió el beneficio del estudio. “Esas fallas las maneja el Comando de Personal, el famoso Coper”, dijo Alzate.
Alzate y Loaiza lo único que piden a la institución, a la cual le sirvieron por más de 20 años, es que les respeten sus derechos fundamentales que están, además, consagrados en las normas del propio Ejército, y que hoy no las está cumpliendo, según ellos.
Por el momento, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Ejército han guardado silencio sobre la situación de estos otros cerca de mil soldados que, aseguran algunos de ellos, se vieron afectados por una decisión, que consideran arbitraria por parte de la fuerza.
Triunfo de los soldados: tras denuncia de SEMANA, el Ejército frenó la salida abrupta de los uniformados. Ahora será así
SEMANA conoció la resolución 1303 del Ministerio de Defensa, hecha por solicitud del comando de personal del Ejército y firmada por el Comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, en la que se notifica la decisión de dejar en servicio activo a más de 900 soldados profesionales que habían sido sacados sin que se les cumpliera con programa de retiro asistido y frenar la salida de más de 3.000 que venían en camino.
En el documento se puede leer que atendiendo la solicitud del comandante del Comando de Persona del Ejército Nacional contenida en la exposición de motivos del 19 de abril de 2023, se autorizará que los soldados profesionales que a partir de la fecha integren el “programa preparación para el retiro asistido 2023-2024, permanezcan en servicio activo hasta el término del programa”.
La molestia de los uniformados había sido tan grande que tras conocer que los habían sacado de la institución sin ningún aviso luego de cumplir los 20 años que estos hombres que habían estado en el anonimato por haber participado en las operaciones más sensibles contra el crimen de alto impacto en el país, mostraron sus rostros para reclamarle al Gobierno por no haber cumplido lo que prometió en campaña y era garantizar el bienestar de los hombres de la fuerza pública.
Con esta decisión de frenar la salida de cientos de soldados profesionales se les brindará capacitación para que puedan reintegrarse a la vida civil, con cursos en entidades como el Sena y puedan volverse productivos afuera de la vida militar.
“El Gobierno nos dejó abandonados”, denunciaron
Nicolás Loaiza es un soldado profesional que, en medio de la adversidad, logró sacar sus estudios adelante y se convirtió en abogado y es la voz para cientos de sus compañeros, muchos sin estudio, que aseguran sentirse humillados por el Ejército.
Según Loaiza, la institución militar expidió dos actos administrativos en los que lo saca a él y más de 800 de sus compañeros de una manera abrupta del Ejército y sin cumplir con el trámite respectivo del programa para reintegrarlos a la vida civil.
El militar dijo que esto les ha causado impactos psicológicos y económicos, pues para muchos de ellos su único trabajo ha sido el de estar vinculados al Ejército y no saben hacer otra cosa como para que el Ejército los saque de esta manera.
“La notificación sobre que no íbamos a seguir en el Ejército nos la debieron hacer cuando cumplimos los 19 años de servicio, para que tuviéramos la oportunidad de hacer completo el programa de reintegro a la vida civil, pero nos la hacen ahora a los 20 años y nos sacan de una manera abrupta de la institución”, dijo Loaiza.
Manifestó que por esta razón se movilizarán el próximo miércoles decenas de soldados y sus familias en Bogotá, en donde protestarán en el Ministerio de Defensa para denunciar, lo que dicen ellos, atropellos de los que han sido objeto por el Ejército con el programa de reintegro a la vida civil.
“A nosotros nos debieron haber llamado al retiro asistido a los 19 años de haber cumplido el servicio y no a los 20 como lo hicieron ahorita; nos llaman a los 20 y a los dos meses nos llega la baja, nos están vulnerando nuestros derechos”, señaló el militar.
Agregó: “Somos la columna vertebral del Ejército, no nos están demostrando eso con esos actos administrativos arbitrarios, abusivos, descarados del Ejército, nos han abandonado y los comandantes han hecho que esto suceda”.
Indicaron que desde hace ocho días los están peloteando con reuniones en las que no les resuelven nada y con encuentros con personas que no tienen capacidad de decisión dentro del Ejército. “Ponen a un coronel para ablandar la situación a un señor coronel que no tiene poder de decisión”, dijo el militar.