Las minas antipersona son unas de las armas ilegales más despiadadas que utilizan los grupos criminales para cercar sus intereses, y en ellas caen militares y civiles. No discriminan edad ni género, y quienes ocupan los estratos sociales bajos son los más afectados.
A finales de agosto de 2022 en Balboa, Cauca, la comunidad se estremeció con la historia de una mujer campesina que mientras hacía el aseo alrededor de la casa y justo cuando fue a levantar un sombrero, se convirtió en víctima de ese monstruo despiadado.
Una semana antes, en el mismo municipio se conoció la noticia de que Sebastián, un joven de la región que regresaba a su casa luego de su jornada laboral, activó, por el simple hecho de caminar en la zona, una mina antipersonal que como consecuencia le causó afectación en la pierna derecha, dolor de cabeza y zumbido en los oídos, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital de Popayán.
Lo que más sorprende de estos casos es que Balboa, Cauca, ya había sido un territorio libre de sospecha de minas. Sin duda alguna, los grupos criminales en los últimos meses han recuperado espacios. Eso se debe a múltiples factores: el principal es que por más que el Estado hubiese hecho presencia en los territorios golpeados por la violencia durante los primeros años después de la firma del Acuerdo de Paz, después de eso no hubo acompañamiento interinstitucional.
Fuentes de inteligencia confirmaron a SEMANA que con la tregua que el gobierno de Gustavo Petro ha dado, de alguna manera, a los grupos armados ilegales, en su búsqueda por la ‘paz total’, ha hecho más fácil el camino a los delincuentes para que instalen artefactos explosivos en diferentes zonas del país.
Desde el 8 de agosto de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023 se han registrado 289 accidentes por cuenta de minas antipersona. Los departamentos más afectados son: Nariño, Chocó, Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Arauca, Meta.
Mientras en los territorios hay miedo a caminar o encontrase incluso con un balón, varios operadores de desminado humanitario denuncian que la transición de Gobierno ha sido demasiado lenta.
“En siete meses no hemos avanzado nada”, “ni siquiera han asignado nuevos territorios para limpiar de minas”, “Llevamos meses pidiendo reuniones con el alto comisionado para la paz y no tiene tiempo porque está concentrado en las negociaciones del ELN”, son algunas de las frases que dijeron los operadores que prefieren no revelar su nombre por varias razones, entre ellas, debido a que temen recibir represalias en la oficina del programa antiminas de la Presidencia de la República.
“Es que allá sacaron a varios técnicos con experiencia que conocían desde hace años los procesos y las personas que quedaron liderando son personas que no podían salir, porque estaban próximas a pensionarse y aunque llevan más de 20 años trabajando en temas administrativos es evidente que no conocen muchas cosas de terreno”, dijo otro de los que se sienten afectados y que asegura que, aunque han pedido ayuda, son atendidos de manera despectiva cada vez que buscan acercamientos.
Para tomar decisiones de fondo en tema de desminado humanitario en Colombia, es necesario que el alto comisionado, el delegado del Ministerio de Defensa y el inspector general de las Fuerzas Militares se reúnan. Precisamente otro de los inconvenientes que se han tenido para asignar nuevas zonas de desminado es que no había inspector de las Fuerzas Militares fue un proceso que también fue demorado.
Rafael Pardo, exconsejero de Paz, le dijo a SEMANA que “desde agosto está varado el desminado. El Gobierno no ha destinado presupuesto lo que ha afectado hasta la educación en riesgo de minas, porque no ha querido renovar el convenio con Usaid”.
Sin embargo, hay quienes piensan -como Álvaro Jiménez, coordinador de la Campaña Colombiana contra Minas - que la transición entre un Gobierno y el otro no ha sido inconveniente, pues consideran que el verdadero problema radica en la falta de seguridad en diferentes partes del país, y que no ha sido algo nuevo, pues en anteriores gobiernos sucedió exactamente lo mismo.
Para Jiménez, es necesario que en los territorios se llegue a una ‘paz total’ o, de lo contrario, será muy difícil que en los grupos delincuenciales dejen de instalar minas. “Es necesario avanzar rápido en la paz. Hay que poner un parche donde está el dolor”, dijo el coordinador de la Campaña Colombiana contra Minas.
Por su parte, Pastor Alape, miembro del mecanismo tripartito, dijo: “Sí es verdad que en estos siete meses no se ha podido avanzar, entendiendo el empalme, pero es normal con el cambio de gobierno”. Además, aseguró que espera que el 22 de marzo ya se haga la reunión en la que estará el alto consejero, el delegado del Ministerio de Defensa y el inspector de las fuerza militares para dar a arranque a las políticas en desminado humanitario y la apuesta del nuevo gobierno.
SEMANA contactó a Mariany Monroy Torres, coordinadora del grupo de Acción Integral contra Minas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para conocer su versión, pero aseguró no tener los datos a la mano. Además, pidió que fueran reveladas las fuentes, frente a la negativa de SEMANA argumentado el derecho a la libertad de prensa. Por eso, la funcionaria pidió al equipo periodístico enviar la solicitud a un correo institucional de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) de la Presidencia de la República, un hecho que en otras entidades del Estado no sucede, pues hay un equipo de comunicaciones que facilita el puente entre las oficinas, los medios de comunicación y los colombianos. Hasta el cierre de este artículo no llegaron las respuestas.