La seguridad en algunas regiones del país que antiguamente eran ocupadas por la extinta guerrilla de las Farc se ha convertido en uno de los principales retos de la implementación del Acuerdo de Paz.
Así lo demuestra el informe multipartidista del Acuerdo de Paz, revelado este miércoles, en el que se relacionan cifras tanto del Gobierno nacional como de instituciones como la Defensoría del Pueblo.
Según el documento, en los últimos años se ha visto “un deterioro dramático de las condiciones de seguridad territorial”.
Uno de los asuntos que mayor preocupación genera en el país es el del asesinato de líderes sociales. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, citadas en el informe, 668 líderes y lideresas sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.
De acuerdo con el reporte, en 2016, tras la firma del acuerdo de La Habana, hubo 14 líderes sociales asesinados. Para 2017, la cifra llegó a los 126 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados; en 2018 ese número hasta los 178, en 2019 hubo otros 134. El mayor pico se dio en 2020, cuando fueron 183 los líderes víctimas de homicidio, y 33 casos a 31 de marzo de 2021.
El informe también alerta sobre las denominadas masacres, que desde el gobierno anterior se han definido como homicidios colectivos, siendo aquellos hechos en los cuales resultan muertas cuatro o más personas en estado de indefensión en el mismo lugar, a la misma hora y por los mismos autores.
“Según cifras del Ministerio de Defensa Nacional, entre enero y agosto de 2021 se presentaron 23 masacres, en las cuales murieron 109 personas. Al comparar las víctimas de los primeros ocho meses de 2020 con las de 2021, el aumento es de 31,3 %. Para encontrar una cifra de casos y víctimas de masacres más alta que la de los primeros ocho meses de 2021 hay que ir hasta 2011, año en el que entre enero y agosto se presentaron 27 masacres en las que murieron 126 personas”, indica el documento.
“Tristemente nos encontramos ante una crisis profunda de seguridad territorial y de falta de implementación del Acuerdo de Paz, que nos tienen de cara a perder esa inmensa oportunidad. Han crecido los homicidios, los asesinatos de líderes sociales, las masacres, es urgente diseñar una política de seguridad territorial”, aseguró la representante Juanita Goebertus, quien lideró el informe.
Las acciones del Gobierno
En un reciente informe, el Gobierno nacional, a través de la Alta Consejería para los Derechos Humanos, reveló las acciones que se vienen implementando para frenar el asesinato de líderes sociales y llevar mayor seguridad a algunos territorios.
Hay que aclarar que el Ejecutivo maneja cifras distintas a las de la Defensoría del Pueblo. Mientras el Gobierno reportó el año pasado que 66 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron víctimas de homicidios, la Defensoría documentó 183.
En todo caso, frente a esta situación, la Consejería señaló que las acciones se adelantan de manera integral.
“De un lado, el desmantelamiento de grupos armados organizados (GAO) y de grupos delincuenciales organizados (GDO), como residuales de Farc, ELN, Clan del Golfo, Pelusos; con persecución de la Fuerza Pública, investigaciones penales, imputaciones y órdenes de captura, al tiempo que se refuerza la presencia institucional con programas de inversión social y articulación entre todas las entidades nacionales y entidades territoriales”, indicó la Alta Consejería para los Derechos Humanos.
También se ha avanzando en el esclarecimiento de homicidios y la aplicación de justicia, así como el desmantelamiento de las estructuras criminales tiene un efecto de no repetición y se convierte en la garantía para el ejercicio del liderazgo y de defensa de los DD. HH.
“De los 31 delincuentes relacionados en la lista del ‘Cartel de los más buscados por homicidios a líderes y defensores de derechos humanos’, creada por el Ministerio de Defensa, el año pasado fueron abatidos tres criminales y capturados otros 14, logrando una efectividad de 54,8 %”, apuntó la entidad del Ejecutivo.
De la misma manera, se destacó la labor de la Fiscalía con el esclarecimiento de 62,74 % de los homicidios y el impulso del Ministerio de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, para la creación de once juzgados penales especializados, con inversiones por $ 25.000 millones para el funcionamiento en los próximos dos años.