Una familia conoció en carne viva la injusticia de la justicia a manos de la Fiscalía. En 2017, tres integrantes de la familia Gálvez –Ana Cristina, Isabel Cristina y Victoria Eugenia– fueron capturadas y sus bienes ocupados con fines de extinción de dominio. Entre las propiedades estaba el llamado frigorífico de la Farc.
En su momento fue noticia nacional y las mujeres detenidas terminaron en la casa por cárcel. Nueve años después y tras una cuidadosa defensa, la historia escribe un capítulo contrario al que, “tozudamente”, redactó la Fiscalía cuando llevó a juicio a las tres mujeres. Las absolvieron, fueron declaradas inocentes y el juez pidió investigar a los fiscales del caso.
Pero el juez fue más lejos y relató una serie de actuaciones de la Fiscalía que, en su criterio, fueron desproporcionadas, inoperantes y escasas de rigurosidad. Incluso, advirtió el juez, los fiscales de lavado de activos ignoraron las pruebas y los resultados periciales en el proceso, solo para mantener activa una investigación que estaba destinada a fracasar.
“Por lo que no se explica el despacho cómo la Fiscalía General de la Nación, a través de sus diversos delegados, insistió tozudamente en la judicialización de las aquí procesadas, cuando el resultado de la prueba pericial había sido contundente de cara a su inocencia”, señaló el juez en la decisión que absolvió a las procesadas.
La Fiscalía advirtió que los bienes de la familia Gálvez fueron adquiridos con dineros del narcotráfico y de un supuesto testaferro a la entonces guerrilla de las Farc. Para el juez, luego de nueve años de proceso, los fiscales no lograron demostrar la teoría del caso; al contrario, fracasaron en su intento por demostrar lo que pretendía dibujar.
“A partir de tales asertos, queda suficientemente claro para el despacho que la actividad financiera de la procesada Isabel Cristina Gálvez Fernández se encuentra justificada en actividades lícitas y, por tanto, no devienen de actividades ligadas con el narcotráfico o la guerrilla, como pretendió comprobarlo infructuosamente la Fiscalía”, señaló la decisión del juzgado.
La espectacularidad del proceso se quedó en el camino y aunque pocos recuerdan el escándalo, el juez le reiteró a la Fiscalía que la supuesta “fuente humana no formal” era mentirosa, pero aun así mantuvieron un proceso largo y agotador para la familia que ahora, a los ojos de la justicia, resultó inocente.
“Se puede concluir que la información suministrada por fuente humana no formal no resultó cierta, que su labor únicamente se centró, luego de descartada la fuente humana, en el acopio de elementos de convicción a través de inspección judicial realizada al proceso de extinción de dominio”, señaló el juez.
En la decisión, el juez dedicó varios párrafos para reclamar a la Fiscalía por la escasa rigurosidad de la investigación y cómo, aun con los elementos de prueba que descartaban la vinculación de las procesadas con las Farc o el narcotráfico, decidieron ignorar la evidencia y extender por el tiempo el proceso, hasta el punto de la prescripción.
“También lo es que la etapa de conocimiento estuvo plagada de desorden e incumplimiento de términos por parte de la agencia fiscal, situación que fue objeto de rechazo reiterado por parte de la bancada defensiva. Situaciones a las que se suman la falla tecnológica presentada en una de las vistas públicas que obligó la repetición del testimonio clave de la Fiscalía, y de manera reciente, el cambio de delegado que denotó ausencia de preparación y desconocimiento del caso”, advirtió la judicatura.
Las mujeres fueron declaradas inocentes de los delitos imputados y que motivaron una extinción de dominio. La incautación de propiedades que fueron a parar a la Sociedad de Activos Especiales y que, en teoría, tendrían que regresar, permanecen en el abandono y destrucción.
Se trata de otro caso en la unidad de lavado de activos y extinción de dominio que, nuevamente, termina en fracaso y una irreparable pérdida para las personas que resultaron víctimas de la justicia y la inacción de la Fiscalía.