Este año, la Corte Constitucional no tomará decisiones sobre la reforma al Código Electoral, ni tampoco la ponencia que reveló SEMANA sobre educación en pandemia. Pero sí hay un tema en el que los magistrados de la Sala Plena ha fijado un interés especial y es la despenalización (o no) del aborto. Fuentes del alto tribunal le confirmaron a SEMANA que para este jueves se tiene previsto resolver el impedimento de Alejandro Linares.
Un conjuez deberá decidir si acepta o no el impedimento presentado por el magistrado Alejandro Linares. Si el conjuez no acepta la solicitud y decide que no existe impedimento, es probable que la Corte tome una decisión ese mismo día, es decir el próximo jueves. De hecho, en el orden del día, el tema aparece como primero.
La importancia de la decisión es que se trata de, prácticamente, la última sala plena de la Corte Constitucional este año antes de la vacancia judicial que irá del 20 de diciembre hasta el 11 de enero.
La votación está casi “cantada”. Habría cinco magistrados a favor de la ponencia principal que propone la despenalización y cuatro en contra en un tema que, con seguridad, generará polémica sea cual sea la decisión. Y es que el aborto en Colombia sigue siendo un tabú para gran parte de la ciudadanía, a pesar de que está permitido bajo tres causales desde 2006: si el embarazo es producto de una violación, riesgo de vida de la madre o el menor, o enfermedad grave o malformación del feto.
Cabe anotar que en esta oportunidad, la Corte no cuenta con posiciones tan conservadoras como sí las tuvieron en su momento el magistrado Luis Guillermo Guerrero o Carlos Bernal Pulido, que fueron decisivos para examinar con lupa antes de dar un paso hacia una despenalización que sigue siendo una utopía para muchos. Y es que el debate genera pasiones, tanto que en 2020 hubo protestas a la salida del Palacio de Justicia de quienes se denominan “Provida” y de movimientos como Causa Justa. Hoy las banderas de ambos bandos se enfrentan una vez más.
Por un lado, la ponencia del magistrado Rojas plantea la inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, que condena a las mujeres que aborten a entre 16 y 54 meses de prisión, pero además, se le da un plazo de dos años al Congreso para que legisle con libertad sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Uno de los argumentos entre quienes están a favor del aborto, es del Movimiento Causa Justa, quienes a partir de investigaciones y estudios concluyeron que existen barreras estructurales que aún impiden que a las mujeres se les practique un aborto seguro a pesar de que estén amparadas por alguna de las tres causales.
Por ejemplo, encontraron que la falta de conocimiento legal, la interpretación restrictiva de las normas y las fallas en la prestación del servicio de salud son realidades reinantes en Colombia y que se ven seriamente ahondadas por el hecho de que el aborto sea considerado un delito y se mantenga en el Código Penal.
Básicamente, si el aborto continúa siendo tipificado, así sea parcialmente, es altamente probable que las mujeres no puedan acceder a él.