La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado presentó la IV Encuesta Nacional de Verificación 2023 sobre las condiciones de vida y la situación de los derechos de la población desplazada en Colombia.
El estudio, realizado en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Unidad para las Víctimas (Uariv), destacó los desafíos para proteger a esta población vulnerable y la necesidad de avanzar hacia soluciones concretas y duraderas.
La encuesta, llevada a cabo por la Comisión de Seguimiento, 13 años después de la última aplicación en 2010, formó parte del sistema de monitoreo que responde al llamado de la Corte Constitucional para proporcionar información independiente sobre las políticas públicas estatales para garantizar los derechos de las víctimas del desplazamiento. Aunque se observaron avances en ciertos derechos, según la encuesta, se ha detectado un “estancamiento” en aspectos como la sostenibilidad socioeconómica de los hogares, los enfoques diferenciales y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Resultados de la IV Encuesta Nacional de Verificación
La IV Encuesta se realizó mediante entrevistas a 9.715 hogares de población desplazada y 1.982 hogares de población vecina, en 80 municipios de 6 regiones colombianas, entre mayo y agosto de 2023.
Según Mireille Girard, representante de ACNUR en Colombia, esta encuesta es importante no solo a nivel nacional sino también internacional, siendo un referente para otros países que enfrentan desafíos similares en materia de desplazamiento interno.
Los resultados de la Encuesta, presentados por el economista Luis Jorge Garay, director de la Comisión de Seguimiento, fueron expuestos este jueves, 25 de abril, en el Auditorio Mampuján de la sede de la Unidad para las Víctimas, en Bogotá.
Uno de los resultados más alarmantes es que 8.630.545 personas han sido desplazadas forzosamente en Colombia, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas. Uno 6.9 millones aún necesitan asistencia o reparación a sus derechos.
Entre las características socio-demográficas se destacan que el 76.2% de los hogares desplazados no declaran pertenencia étnica, el 18.9% pertenecen al pueblo negro, afrocolombiano, raizal o palenquero, y el 4.9% pertenecen a los pueblos indígenas.
Sobre la situación de pobreza monetaria, 76,1% de los hogares con población desplazada en Colombia está en situación esta situación. “La situación de población desplazada es más grave que la pobreza promedio nacional: la pobreza monetaria es más del doble que en las cabeceras municipales y la pobreza monetaria extrema supera casi que cuatro veces la de las cabeceras”, se detalló en la encuesta.
En cuanto a la pobreza extrema, 40,6% de los hogares con personas desplazadas presentan esta condición.
De otro lado, la tasa de desempleo es del 17.6%, 14.8% para hombres y 21.3% para mujeres; y la tasa de informalidad es del 82.4%, 81.3% para hombres y 84% para mujeres.
Sobre el acceso a salud, los resultados arrojaron que el 82.6% de la población desplazada se encuentra afiliada al régimen subsidiado y el 16.7% está afiliada al régimen contributivo.
Finalmente, entre los datos más destacados, se evidencia que solo 15.5% de los hogares desplazados cuenta con una vivienda digna, el 20.9% de las viviendas de hogares desplazados se encuentran en zonas declaradas como de alto riesgo físico/ecológico, el 16.8% de los hogares ha sufrido alguna afectación en el quinquenio previo a la encuesta y el 25.4% de los hogares han solicitado subsidio para el acceso de vivienda, habiéndosele concedido a menos de la mitad de los solicitantes.