Enfrentamientos entre grupos armados ilegales han causado el desplazamiento de varios pobladores de municipios del sur de Bolívar, denunciaron dirigentes sociales.

De acuerdo con la información, desde hace cuatro días se vienen registrando confrontaciones que obligan a varias familias a abandonar sus viviendas, por lo que llamaron la atención de las autoridades regionales y nacionales sobre la situación.

El representante legal de la Federación Agrominera, Narciso Beleño, señaló que hay temor entre la población de varias zonas del sur de ese departamento porque no hay presencia de la fuerza pública para contrarrestar la acción de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial.

“La región sigue convulsionada, incluso hay cuatro días de enfrentamiento entre el ELN y paramilitares en el sector de Gorilas, Los Abanicos y Mina Plana, ahí ha habido cuatro días de combates”, dijo el líder comunitario a RCN Radio.

Agregó que “sigue confrontado el ELN y paramilitares gaitanistas que vinieron subiendo para el sector minero, hay cuatro días de combates, hasta la mañana de este miércoles cesaron los enfrentamientos, la situación sigue igual y muy tensionante y además muy peligrosa para la vida de los pobladores de la región porque hay confrontaciones diarias”.

Señaló que debido al desplazamiento de varios pobladores se podría desencadenar una crisis humanitaria por lo que se debe atender la situación de manera inmediata: “No ha habido civiles muertos pero hay una comunidad que tuvo que desplazarse, la comunidad de Los Abanicos por los enfrentamientos que se están registrando en el sur de Bolívar, en combate nadie está seguro”.

“Lo que creemos es que va a haber una crisis humanitaria muy grande y no hay una intervención efectiva para solucionar el problema, va haber un desplazamiento porque el sector minero es un bastante poblado y los combates se están registrando en ese puto, por ello va haber una crisis humanitaria severa”, señaló Beleño.

Tras la solicitud de reforzar la presencia de la fuerza pública en la zona, las autoridades indicaron que, además de incrementar las recompensas por los cabecillas del Clan del Golfo, se aumentará el control sobre los corredores del río Magdalena hacia la salida al mar en San Onofre.

Según señalaron, con esas labores de patrullaje y control se busca retomar la tranquilidad de la población afectada por la presencia de esas organizaciones armadas dedicadas al narcotráfico.

Preocupante situación de desplazamiento en frontera con Venezuela

A propósito de la situación de desplazamientos en el país el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sobre todo entre el ELN y las disidencias de las Farc, fue la principal causa de los 17 eventos de esta naturaleza que se presentaron en el país en el mes de enero.

La afirmación está consignada en el más reciente Boletín de Movilidad Humana Forzada, de la Defensoría del Pueblo, que da cuenta que en esos eventos de desplazamiento masivo resultaron afectadas 4.408 personas de 1.358 familias.

Según el documento, el corredor nororiental del país, limítrofe con Venezuela: Arauca, Casanare, Vichada y Norte de Santander son los principales puntos donde se presentan estos desplazamientos y a donde van a parar los afectados.

La situación más preocupante, señaló Carlos Camargo, se registra en Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, donde la entidad tomó 430 declaraciones individuales de desplazamiento (1.210 personas distribuidas en 377 familias), provenientes de diferentes zonas rurales de estos municipios, y la declaración de seis eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 146 familias (434 personas) en Tame (cuatro eventos) y Arauca (dos eventos).

También se resalta en el documento que en el departamento del Chocó se presentaron en enero cuatro desplazamientos masivos que afectan a 461 familias (1.177 personas) en la zona del Medio Atrato y Bajo San Juan, y un confinamiento en el Medio San Juan Dipurdú el Guásimo, en el que están afectadas 1.400 personas de 575 familias.

“Es una crisis humanitaria de grandes proporciones que merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias, que son desarraigadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas directas o caer en la violencia que están generando los grupos armados ilegales; en nuestro acompañamiento permanente encontramos en estas comunidades, la gran mayoría de sectores vulnerables, hambre, abandono y miedo”, afirmó Carlos Camargo.

El informe da cuenta, además, de que en el primer mes de 2022 se reportaron once eventos de confinamiento (cuando las personas, por temor o amenazas directas, no pueden salir a hacer sus actividades cotidianas y quedan encerradas en sus comunidades), que afectaron a 1.573 familias de once comunidades.

Las elevadas cifras de estos fenómenos humanitarios tienen en alerta a la Defensoría del Pueblo, más aún cuando el año pasado se presentaron 160 eventos de desplazamiento, 74 % más que los reportados en 2020.

“Nosotros, como Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos estado realizando acompañamiento permanente a las comunidades y articulando las ayudas humanitarias que requieren en esta complicada situación, pero todos debemos hacer más, empezando por reiterar el mensaje a los grupos armados ilegales de mantener al margen de cualquier confrontación a la población civil, que es la principal causa de esta crisis, y dar estricto cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario”, concluyó.