Extorsiones, cobros de “vacunas”, ataques a estaciones de Policía y más hechos violentos, siguen saliendo a la luz en medio de las audiencias programadas por la JEP. En este caso, el despacho relator del Caso 04 lideró la primera diligencia de versión colectiva de seis excombatientes del Frente Quinto de las extintas Farc-EP, las cuales se llevaron a cabo en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Llano Grande, en Dabeiba, Antioquia.
Cabe recordar que, precisamente, el Frente 5 de las Farc-EP (Bloque José María Córdoba) fue la primera estructura de esta guerrilla que tuvo operaciones en la región de Urabá entre los años 1974 y 2016, y su lugar de acción en ese periodo fue principalmente el eje bananero: Turbo, Necoclí, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá, seis de los municipios en los que justamente se enmarca el Caso 04, el cual a la fecha ya tiene más de 37.000 víctimas acreditadas.
Durante los dos días en los que se desarrolló la diligencia, la magistrada Nadiezhda Henríquez, quien presidió la audiencia, hizo preguntas a los comparecientes con el fin de conocer sobre la conformación del Frente, sus acciones y los mandos del Bloque José María Córdoba, tales como ‘Iván Márquez’.
Asimismo, les preguntó sobre muertes violentas, desplazamiento forzado, desaparición forzada, privaciones graves de la libertad, reclutamiento forzado y daños a bienes de la población civil y al medio ambiente, que corresponden a las conductas sobre las cuales avanza la investigación del Caso 04.
En respuesta a los reclamos de verdad y responsabilidad, los comparecientes narraron, entre otras cosas, la forma en que se hacían exigencias de aportes de dinero a la población y se refirieron a la evolución de esas prácticas. Reconocieron al particular que, “en un principio se negociaba con la población civil, pero a partir de la octava conferencia se establecieron montos exactos”.
También fue reconocido cómo se presentaron en muchas oportunidades combates en medio de fuego cruzado, lo que “causó mucho daño a la población civil”. Se refirieron a la forma en que “ajusticiaban a los ladrones de ganado y a quienes compraban ese ganado”. Así como esta práctica se ejecutó contra los expendedores de drogas a quienes, según contaron, “se les advertía una vez y si reincidían se les ajusticiaba”.
Durante la diligencia también se pronunciaron sobre hechos puntuales, como la toma de Riosucio, Chocó, ocurrida en febrero de 1986, bajo la comandancia de Efraín Guzmán. Aseguraron que allí participó alias “Víctor Tirado” y alias “Rigoberto Lozada”. Al particular señalaron:” Se lanzaron unas botellas con gasolina desde una casa que tenía balcón, lo que llevó a que se incendiara la estación de Policía que estaba construida en madera y el incendio se propagó a seis casas más del municipio”, reconocieron los comparecientes