Un escándalo financiero ha salido a la luz tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación contra Mábel Arellys Quimbayo, señalada como la presunta responsable de una estafa piramidal que habría afectado a más de 50 personas y que involucraría una suma cercana a los 13.000 millones de pesos.
La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía 63, seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico, apunta a que, al parecer, Quimbayo habría montado un negocio ilegal a través de la sociedad Gestiones Crediticias SAS, ofreciendo jugosas ganancias a cambio de inversiones de dinero, sin contar con la autorización legal ni la licencia para realizar actividades de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
“Presuntamente, han recibido cuantiosas sumas de dinero de personas sin que para ello mediara autorización legal, como tampoco es una empresa con licencia para realizar cualquiera de las actividades exclusivas de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera”, señala la denuncia contra Mábel Quimbayo.
Las víctimas han denunciado la falta de transparencia por parte de la sociedad y su contadora, quienes se habrían negado a exhibir los libros de comercio que reflejarían la situación actual de la empresa, a pesar de las reiteradas solicitudes de información sobre el dinero invertido.
A medida que el caso ha tomado relevancia pública, la Fiscalía ha solicitado a los entes de control información sobre posibles investigaciones relacionadas y ha instado a los denunciantes a proporcionar una relación de las víctimas, cuyo número ha ido en aumento a medida que más personas se han sumado a las denuncias por haber caído en la misma estafa.
Con la reciente citación a declarar de una de las víctimas, se espera que el caso tome un nuevo impulso y que se logre esclarecer la magnitud de esta presunta estafa piramidal que ha dejado a decenas de personas afectadas y millonarias pérdidas económicas.
Caso Forex, otra pirámide, está por prescribir
En 2015, Colombia fue testigo de la estafa masiva perpetrada por Forex, una figura financiera que prometía altos rendimientos a sus inversionistas, pero que terminó convirtiéndose en una pirámide que afectó a miles de personas. Los presuntos responsables, una pareja de esposos, fueron condenados y continúan defendiéndose en la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, el caso dio un giro cuando un afectado por la estafa, identificado por la Fiscalía como Daniel Germán Zamora, decidió cobrar venganza por su cuenta contra Jairo Enrique Sánchez, señalado como cabeza de Forex en Colombia, y su familia. Zamora fue acusado por la Fiscalía de ser el presunto autor de amenazas y extorsión contra Sánchez, exigiendo la suma de 2.000 millones de pesos y amenazando con violar y asesinar a sus hijos si no accedía a sus demandas.
A pesar de que la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra Zamora en 2021, casi una década después de iniciado el caso, la única advertencia que existe es que está por prescribir. Las víctimas denuncian que el caso ha pasado por varios despachos, incluyendo el de la funcionaria Luz Ángela Bahamón, sin mayores resultados y con todas las denuncias en su contra archivadas.
De acuerdo con los denunciantes, se trata del más literal de los ejemplos de cómo la justicia puede autosabotearse con aplazamientos, solicitudes y excusas que salen de la misma Fiscalía, que en teoría debería preocuparse por acusar y lograr las condenas.