El exalcalde de Buenaventura Bartolo Valencia Ramos, quien gobernó durante el periodo 2012 - 2015, fue destituido e inhabilitado por diez años en medio del caso de los ‘estudiantes fantasma’.

La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión, en primera instancia, tras evidenciar irregularidades en el manejo de recursos del sector educativo del distrito portuario.

Son al menos dos las faltas descubrieron por el ente que desataron la determinación. La Procuraduría asegura que Valencia “incluyó en el Banco de Oferentes al Centro Docente Ana Victoria, haciéndolo elegible para contratar servicios educativos, y posteriormente celebró con el mismo cuatro contratos, a pesar de incumplir los requisitos de reconocida trayectoria, idoneidad e infraestructura”.

El Ministerio Público explica que el Centro Docente Ana Victoria non cumplía con los requisitos de trayectoria e idoneidad exigidos por la ley, y tampoco contaba con la infraestructura física adecuada para recibir una población de 2.000 estudiantes, la cual era la cifra ofertada por esa institución al momento de suscribir su vinculación con el municipio.

Adicionalmente, entre 2014 y 2015, el exalcalde habría destinado “$3.492′000.000 del Sistema General de Participaciones para pagar dos contratos de prestación de servicios educativos para 3.880 estudiantes, de los cuales, según los hallazgos de firmas auditoras contratadas por el Ministerio de Educación, 2.321 alumnos eran inexistentes, lo que generó un detrimento patrimonial por $2.088′900.000″.

“En el uso de los dineros del Sistema General de Participación para educación estaban involucrados tanto el interés público como recursos públicos, y por su cargo de primera autoridad de contratación del Distrito debía propender por verificar dicho interés público y respetar el principio de responsabilidad que regula la contratación administrativa”, explicó el ente sobre la destitución e inhabilitación de Valencia.

Así las cosas, para la Procuraduría, el entonces mandatario de Buenaventura desconoció el principio de responsabilidad de la contratación estatal y manejó irregularmente dineros que debían ser destinados a la prestación de un servicio educativo con calidad, por lo cual incurrió en falta gravísima a título de culpa gravísima.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación le formuló cargos a Valencia por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción de un acuaparque.

La investigación señala que “un contrato aparece firmando por el exalcalde Valencia, quien no era el competente para hacerlo porque esa responsabilidad recaía sobre Wilmar Garcés, entonces secretario de Planeación de Buenaventura”.

Dicho contrato, por un valor de $3.800.000, habría sido adjudicado antes de la licitación. Además, el proyecto habría sido planeado sobre un terreno invadido, sin estudios previos ni las licencias de construcción respectivas.

En principio, un juez envió a un centro penitenciario a Valencia por estos hechos, pero luego el Juez Cuarto de Control de Garantías de Buga le otorgó el beneficio de casa por cárcel.