La Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de investigar y sancionar las irregularidades cometidas por gobernantes, funcionarios públicos e instituciones del Estado, determinó que dos miembros de la Policía tuvieron responsabilidad en el fallecimiento de ocho jóvenes durante un incendio en la Estación de Policía de San Mateo en Soacha, Cundinamarca.
El organismo de control decidió destituir e inhabilitar por 16 años a los dos uniformados, identificados como Jorge Eliécer Suárez y Aleida del Pilar González. De acuerdo con la investigación, ambos omitieron sus funciones de protección durante el incendio ocurrido a comienzos de septiembre del año pasado y no les prestaron ayuda a las personas heridas.
En audiencia pública, la Procuraduría también absolvió al teniente César Augusto Martínez, comandante de la estación, tras determinar que en el momento de los hechos se encontraba en otro lugar. Cabe resaltar que la investigación contó con la disponibilidad de cinco grabaciones tomadas durante el incendio.
Las imágenes grabadas en ese momento por familiares de las víctimas facilitaron el análisis de la participación de los patrulleros Suárez y González cuando comenzaron a tomar fuerza las llamas en el CAI.
Con base en las evidencias, la Fiscalía General de la Nación también citó a los dos patrulleros para que respondan por “homicidio doloso agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con homicidio doloso agravado tentado”.
Desde que se produjo la muerte de los ocho jóvenes en la estación, el fiscal general, Francisco Barbosa, ordenó priorizar esta investigación y conformó un equipo especial que ha trabajado en la recolección del material probatorio. Por su parte, el director de la Policía, general Jorge Vargas, ha facilitado el desarrollo de la investigación desde que llegó al cargo.
A comienzos de este año, la Procuraduría informó que la investigación había evidenciado que la subteniente Aleida del Pilar González, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como subcomandante de la citada Estación de Policía, “al parecer no habría impartido las órdenes necesarias para evitar las lesiones de tres de los detenidos y la muerte de las ocho personas”.
Sobre la conducta del patrullero Jorge Eliécer Suárez, el órgano de control explicó que en ese momento era él quien custodiaba el CAI y tenía en su poder las llaves de los dos candados con los que se aseguraba la celda en la que se iniciaron las llamas. Por esa razón, se determinó que el uniformado “debió proceder de manera inmediata a mitigar el fuego con la utilización del extintor y a abrir la reja para que salieran los detenidos, preservando su vida e integridad”.
Todo comenzó a las 11:30 de la mañana del viernes 4 de septiembre de 2020, cuatro días antes del homicidio del estudiante de derecho Javier Ordóñez, en el CAI de Villa Luz, en Engativá.
Una larga fila de familiares se formó a la entrada de la Estación de la Policía. Con comida en sus manos, todos esperaban ingresar para visitar a los detenidos en este lugar. Hacía varios días los detenidos les contaban que supuestamente no les daban comida y los levantaban a la madrugada para desnudarlos y bañarlos con agua fría.
Pasadas las 2:00 de la tarde, los familiares se incomodaron porque ese día no iban a ver a los detenidos. Los reclusos se dieron cuenta del hecho y la situación se tornó tensa. En medio de las circunstancias, apareció el fuego en la sala de retenidos.
No fue claro por qué era tan difícil aparentemente abrir las rejas o por qué no se desplegó un mayor esfuerzo para apagar las llamas. Al notar que la estación era consumida por el fuego, los familiares decidieron tratar de socorrer a sus hijos y parientes. Sin embargo, al final del incendio ocho jóvenes perdieron la vida y tres más resultaron heridos.