El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) informó este martes que Andrés Mayorquín, quien se desempeñaba como asesor legislativo de la jefa de gabinete María Paula Correa, fue retirado del cargo y ya no se desempeñará como asesor de la Presidencia de la República, después de que se conociera una denuncia en la que se le señala de presuntamente haber contribuido a que su esposa se convirtiera en una “megacontratista” del Estado.
La historia se remonta a octubre de 2019, cuando el abogado Andrés Mayorquín, luego de haberse desempeñado durante cinco años como profesor, contratista y miembro de UTL en el Congreso, llegó a la Casa de Nariño a trabajar con María Paula Correa, hoy jefa de gabinete del presidente Iván Duque.
Y tan solo tres meses después de la llegada de Mayorquín a la Presidencia, su esposa, Karen Vaquiro Cuellar, “ganó su primer contrato con el Estado por 88 millones de pesos con el Departamento de Prosperidad Social, en enero del 2020″, relató la investigación revelada por el periodista Sebastián Nohra, de Blu Radio.
Desde entonces, según relató el medio, hasta la fecha, ha firmado 24 contratos con más de 15 entidades del Estado. Es decir, 24 contratos en apenas dos años, los cuales suman 1.245 millones de pesos
Antes de acceder a estos contratos, la única experiencia que certificaba Vaquiro era año y medio como gerente de oficina en el Banco de Bogotá y unos meses en LINK Consultores, empresa en la que ella y su marido son representantes legales, pues ella se había graduado de economista en 2017. El último sueldo que devengó fue de 3,6 millones.
De acuerdo con la denuncia, la mayoría de contratos de Vaquiro giraban alrededor del acompañamiento en asuntos legislativos, un campo en el que ya se desempeñaba su esposo en representación del Gobierno, lo que le podría haber generado un impedimento.
Además, dos de los contratos que tuvo la mujer fueron con la Consejería Presidencial para la Discapacidad, una dependencia adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia, en la que estaba como asesor Mayorquín, lo que le impedía haber firmado los contratos.
El artículo 8 de la ley 80 de 1993 -el estatuto general de contratación- es claro: “Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva: El cónyuge compañero o compañera (…) permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal”.
La respuesta del Dapre
Tras conocerse la denuncia, el Departamento Administrativo de la Presidencia, informó que Mayorquín, a partir de este 11 de enero, ya no se desempeña como asesor de la Presidencia.
“El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) informa que a partir del día 11 de enero de 2022, el señor Andrés Mayorquín ya no se desempeña como asesor de la Presidencia de la República. Resolución 0029 del 11 de enero de 2022″, se lee en un comunicado enviado desde Presidencia.
Se informó además que, desde el 12 de noviembre, la Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia de la República ya había iniciado una investigación contra Mayorquín.
“La investigación se encuentra en etapa probatoria, con el radicado número 1949-2021; el investigado fue notificado en su momento y se encuentra actuando dentro de la investigación, de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002″, dice la comunicación.
De igual forma, la entidad reiteró que “ni la Jefe de Gabinete, María Paula Correa, ni funcionarios de Presidencia tenían conocimiento de los contratos con entidades públicas que tenía la esposa del señor Mayorquín”.