Esta semana será decisiva para la ampliación de denuncia que presentó Víctor Mosquera, abogado internacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en contra del congresista Gustavo Bolívar por supuestamente haber financiado a la primera línea, con la colecta que hizo a través de la plataforma Vaki.
SEMANA consultó a Mosquera quien solamente confirmó que la diligencia será en la mañana de manera virtual. Precisamente, SEMANA reveló en primicia la citación que le hizo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán Molinala. La secretaría de la Corte citó a Mosquera para esta semana y Gustavo Bolívar deberá entregar versión el próximo 20 de agosto.
Bolívar también fue denunciado por el abogado Bernardo Jaramillo. Aparte de la presunta financiación, otro argumento es que, como consecuencia de la supuesta campaña de Bolívar en redes, varios miembros del partido Centro Democrático “han recibido llamadas y mensajes amenazantes, que los hacen temer por su seguridad, la de su familia, y que les impiden ejercer sus actividades políticas libres de coacción e intimidaciones”.
Fue hace pocas semanas que la firma de abogados Víctor Mosquera señaló que el senador presuntamente acude a una fundación para “armar a los manifestantes con escudos, cascos, guantes y diversos implementos para atacar”.
De hecho, el senador petrista Gustavo Bolívar compartió una colecta que estaba haciendo el colectivo Manos Limpias, con la que se buscaba darles recursos a los manifestantes conocidos como “la primera línea”, que en ocasiones han sido los que terminan enfrentados con la policía y el Esmad. Varios usuarios cuestionan al senador por apoyar este financiamiento cuando se ha visto que muchas de estas confrontaciones terminan con civiles y uniformados heridos.
Justamente, en respuesta a las acciones que se han tomado en su contra por financiar y apoyar a los integrantes de la denominada primera línea, que está compuesta por jóvenes y madres del país, el senador dijo que sería un honor ser condenado. Y es que Bolívar no solamente fue denunciado ante la Corte Suprema, sino también ante la Procuraduría.
Ha llegado a tal punto la polémica que, por ejemplo, la senadora Paloma Valencia aseguró que el senador Gustavo Bolívar sí tendrá que terminar respondiendo por semejante aseveración. “Le quiero leer el artículo 345 del Código Penal, que creo que responde su pregunta: ‘Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada”.
Existe un tercer escenario en el que el senador Bolívar es investigado. El Consejo de Estado admitió hace pocas semanas para estudio una demanda que pide la pérdida de investidura o “muerte política” del congresista Gustavo Bolívar por apoyar la ‘primera línea’, que a juicio de los demandantes es un movimiento político al que Bolívar no podía ayudar por ser algo prohibido por la ley en Colombia. En este caso puntual, se trata de una demanda que fue presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno.