“Tengo conocimiento que la señora Mary, en el anterior trabajo, ella tuvo un inconveniente de un dinero que se perdió. Le hicieron un polígrafo donde lo perdió”. Esta es la última línea de la denuncia que instauró el pasado 30 de enero Andrés Fernando Parra Valverde, ante un patrullero de la Policía por un hurto que, él creía, se había presentado dentro de su apartamento ubicado en el norte de Bogotá.
El asunto cobró rápidamente trascendencia, puesto que Parra Valverde estaba haciendo esta denuncia a nombre de su esposa, Laura Sarabia, quien para ese entonces era la jefa del Gabinete de Gustavo Petro, y el hurto estaba relacionado con lo que se encontraba dentro de una maleta: dólares y pesos colombianos en efectivo. En la acción judicial, a la que tuvo acceso exclusivo SEMANA, se hace una narración pormenorizada de todo lo ocurrido.
Mary, como la mencionó en toda la denuncia, era Marelbys Meza, la persona encargada de cuidar al bebé recién nacido y a quien le habían depositado toda su confianza. Parra Valverde, abogado de profesión, dio un completo detalle sobre todo lo que había ocurrido con la maleta y de las personas de las cuales sospechaba.
Frente a los constantes interrogantes del patrullero, Parra aseguró que el valor hurtado correspondía a 32 millones de pesos y no hizo mención a nada más que se hubieran robado de la maleta. “El dinero en efectivo es de mi esposa”, agregó.
“Ella tenía unos documentos personales y de la oficina, dinero en efectivo 12.000.000 de pesos colombianos, 4.000 dólares, correspondientes a unos viáticos, pues esta maleta la carga todos los días, siempre está en el carro, pues allí guarda una muda de ropa y elementos de aseso para alguna emergencia”, explicó el esposo de la entonces funcionaria.
La denuncia va más allá y aclara que ningún extraño había ingresado al apartamento en esos días ni observó a nadie sospechoso rondando por la zona. En la denuncia se asegura que en dos oportunidades se le preguntó a Mary, quien llevaba cinco meses trabajando en la casa y vivía allí, si tenía conocimiento del paradero tanto de la maleta como de lo que había dentro de ella.
En la denuncia aparece el nombre de la teniente Sandy, quien fue la encargada de subir la maleta en la noche del viernes 27 de enero desde el vehículo oficial hasta la sala del apartamento.
El mismo 30 de enero, mientras se imponía la denuncia, Marelbys Meza fue trasladada hasta el edificio Galán, ubicado en inmediaciones a la Casa de Nariño, en pleno centro de Bogotá, para practicársele una prueba de polígrafo para que revelara la ubicación del dinero que estaba dentro de la maleta.
Pese a que el tema se ha querido manejar como de “seguridad nacional”, puesto que en los elementos extraviados, además del dinero, estaban documentos relacionados con la seguridad del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, lo cierto es que en la primera denuncia no se hace ningún tipo de mención sobre esto.
Igualmente, el monto del dinero hurtado -y la cantidad de dólares y pesos colombianos que estaban dentro de la bolsa en la maleta- también han sufrido varios cambios en las narraciones de la ahora exjefe de gabinete.
El pasado 20 de junio, Sarabia amplió su denuncia en contra de Marelbys Meza aumentando el monto hurtado y haciendo expresa referencia al hecho que en la maleta se encontraban documentos clasificados y de uso exclusivo de la Presidencia de la República.
Por su parte, Parra Valverde optó por guardar silencio utilizando su derecho a no declarar en contra de su conyugue o compañera permanente.
Urgente: la Fiscalía rastrea las cuentas bancarias, los movimientos financieros y las propiedades de Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia. Las cuentas no cuadran
Hay un nombre que ha pasado de agache en medio del gigantesco escándalo por el uso presuntamente arbitrario del polígrafo y las llamadas chuzadas contra Marelbys Meza, exniñera de la exjefa de gabinete Laura Sarabia, por la pérdida de un dinero del apartamento de la alta funcionaria que se pretendió presentar como un asunto de seguridad nacional. Se trata de Andrés Parra, esposo de Sarabia, quien fue la primera persona que presentó la denuncia por el robo. ¿Pero cuál fue el papel de Parra en este lío?
SEMANA conoció detalles inéditos y avances de la investigación sobre el más grande escándalo político judicial que ha enfrentado el gobierno del presidente Gustavo Petro, y que ahora tiene los reflectores apuntando hacia Andrés Parra. En medio de las indagaciones sobre la presunta existencia de maletas con dinero en la casa de Sarabia, la Fiscalía investiga qué tanto sabía Parra sobre esos supuestos movimientos de dinero y hasta dónde habría llegado su participación.
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Uno de los factores que prendieron las alarmas y que tienen a los investigadores haciendo el rastreo de dinero, fue la declaración de Marelbys Meza, quien tanto en la Fiscalía como en entrevista con SEMANA se refirió al “tiqui tiqui” de la clave de la caja fuerte que se escuchaba en las noches en la habitación principal de la casa de la pareja. Meza también ha dicho insistentemente que se movían fuertes sumas de dinero en efectivo.
Con todo este panorama, de forma sigilosa y confidencial, un grupo especial de investigadores ha estado observando y rastreando desde hace varias semanas los movimientos financieros de Parra. En la información que han venido recopilando están los registros de transacciones en los sistemas bancarios del país y es ahí en donde han encontrado los primeros vacíos e inconsistencias.
Lo que han evidenciado es que las cuentas no cuadran, los montos serían muy superiores a los ingresos de Parra y por eso el foco está puesto en movimientos de dinero en efectivo que no quedan registrados en el sistema financiero.
Las relaciones
Ese evidente descuadre está bajo la lupa de los peritos forenses que siguen paso a paso cada movimiento para hacer la trazabilidad del dinero del esposo de Laura Sarabia. También buscan establecer si ha adquirido propiedades o bienes a su nombre o a través de terceras personas.
De hecho, los investigadores también están observando de forma cuidadosa la actuación de personas del círculo cercano a Parra que residen en Cali, de donde es oriundo e incluso se graduó de abogado en la Universidad Javeriana de esa ciudad. ¿Ellos también tendrían movimientos extraños en sus cuentas? Eso es justamente lo que tratan de resolver las autoridades.
A manos de los investigadores están llegando duros señalamientos que apuntan directamente a Parra en el movimiento de supuestas sumas de dinero en los nombrados maletines, de los cuales él no habría sido un convidado de piedra y, por el contrario, habría tenido participación directa.
Un testigo que está colaborando con la Fiscalía en estas investigaciones empezó, de manera confidencial, a dar detalles muy concretos sobre el que sería el papel de Andrés Parra, a quien se refiere como la sombra de Laura Sarabia en estos movimientos de dinero.
En la información que está siendo recopilada se revelan pormenores de cómo se movían estas maletas, presuntamente cargadas de dinero en efectivo, no solo en su apartamento.
Para los investigadores los hechos empiezan a coincidir, pues fue el mismo Andrés Parra quien presentó la primera denuncia por el robo de una maleta con pesos y dólares que pertenecía a Laura Sarabia y que estaba en la habitación principal de su casa. En este incidente que no ha pasado desapercibido, el monto ha cambiado y finalmente no se ha determinado de qué cuantía fue el hurto.
¿De cuántas maletas se está hablando? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Cuál era su destinatario final? ¿Quiénes participaron en el movimiento de dinero? Esos son los interrogantes que está tratando de resolver la Fiscalía, en medio del escándalo que ahora cuenta con esta nueva línea de investigación, además de otros temas como el uso irregular del polígrafo, las interceptaciones ilegales, los explosivos audios del embajador Armando Benedetti en los que habla del ingreso de 15.000 millones de pesos a la campaña a la presidencia de Gustavo Petro y la extraña muerte por suicidio del coronel Óscar Dávila, jefe de la Oficina de Anticipación de la Casa de Nariño.
Sobre todas estas líneas de investigación se ha hecho un minucioso rastreo económico de transacciones y bienes, al tiempo que se han buscado registros de cámaras de video, minutas de ingreso y salidas a viviendas y parqueaderos, y hasta se realizó la inspección a la misteriosa Oficina de Anticipación, así como los infructuosos intentos por tener declaraciones de los implicados.
Guardó silencio
Por eso llama la atención que en medio de la investigación, la Fiscalía citó a declarar, bajo gravedad de juramento, a Laura Sarabia y a su esposo, Andrés Parra. Sin embargo, lo que se conoció es que Parra, como lo han hecho muchos otros testigos, no acudió a la cita con la Fiscalía y no dio su declaración, lo que ratificaría la presunta existencia de un pacto de silencio.
La defensa de Parra entregó un documento a la Fiscalía en el que argumentó que se acogía al principio de “solidaridad íntima”, que no es más que el derecho a no declarar porque en el centro del proceso y la investigación está su esposa.
Entre Laura Sarabia y su esposo hay un vínculo laboral de vieja data, pues los dos formaron parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de otro de los protagonistas de este escándalo, el exsenador Armando Benedetti.
Parra llegó ahí, según revelaron fuentes a SEMANA, por recomendación de su hermano y de personas cercanas al político.
En la campaña de 2018 al Senado, Parra trabajó de la mano de Laura, quien para ese momento ya era una de las personas de más confianza de Benedetti y a quien le había dado el manejo de su agenda política. La pareja Sarabia–Parra tiene que darle muchas explicaciones a la justicia.
Exclusivo: este es el expediente de la Procuraduría sobre el escándalo de Laura Sarabia; hay testimonios y documentos de la Presidencia. El coronel Feria culpa al fallecido coronel Dávila
Cientos de folios, declaraciones, actas de seguimiento, inspecciones, minutas de ingreso a edificios y parqueaderos, cartas y hasta respuestas oficiales de la Presidencia de la República forman parte del voluminoso expediente que adelanta la Procuraduría contra Laura Sarabia, exjefa de gabinete y quien fue hasta hace unas semanas la mano derecha del mandatario Gustavo Petro. SEMANA revela en exclusiva las hasta ahora inéditas piezas procesales que ha venido recaudando el ente de control y cuyos hallazgos con contundentes.
Las pruebas con las que se ha venido armando el rompecabezas dejarían al descubierto la manera como se habría tratado de desviar evidencias, borrar rastros, justificar delicadas actuaciones, y han puesto sobre la mesa contradicciones e incluso un afán de ocultar información mediante un ya denominado “pacto de silencio” entre los protagonistas de esta trama político-judicial que han sido llamados a rendir su versión ante las autoridades.
Uno de los episodios que más ha llamado la atención de los investigadores son las contradicciones entre Laura Sarabia y su pareja, Andrés Parra, en las diferentes versiones que han dado desde el mismo momento en que decidieron acudir ante las autoridades para denunciar el robo de dinero en efectivo del que fueron víctimas en su propio apartamento.
En el expediente reposa la primera denuncia, fechada el 30 de enero, que no fue interpuesta por Sarabia, sino por su esposo, en la que se lee: “(Pregunta) ¿Manifieste a esta unidad judicial qué elementos fueron los que se perdieron del interior de la maleta que usted tenga conocimiento? (Respuesta) Lo que me informa mi esposa es que ella tenía unos documentos personales y de la oficina; dinero en efectivo, 12.000.000 de pesos colombianos; 4.000 dólares, correspondiente a unos viáticos; pues esta maleta la carga todos los días, siempre está en el carro, pues allí guarda una muda de ropa y elementos de aseo para alguna emergencia”.
Sobre esta denuncia, Sarabia ha dado diferentes explicaciones. En la primera, le dijo a este medio que se trataba de un robo de 4.000 dólares de una maleta. Pero cuando SEMANA reveló que la exniñera Marelbys Meza fue sometida a una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño para determinar la ubicación del dinero, anunció que ampliaría su denuncia, destacando que la suma extraviada ascendía ahora a 7.000 dólares, monto respaldado con un comunicado de la Presidencia.
En las primeras declaraciones de Laura Sarabia nunca se refirió a documentos ni personales ni oficiales, este tema solo lo ventiló cuando acudió ante la Fiscalía, y con ese argumento justificó el uso del aparato de seguridad e inteligencia de la Casa de Nariño para resolver este robo doméstico como un asunto de seguridad nacional.
En el testimonio de Parra, hasta ahora desconocido y que en el expediente está escrito en cinco páginas, hace un resumen de cómo se dieron los hechos: quiénes estuvieron en su casa, la verificación del dinero que le pidió su esposa, quiénes tuvieron en su poder el misterioso maletín e incluso siembra la duda sobre Marelbys Meza al señalar: “Tengo conocimiento que la señora Mary en el anterior trabajo tuvo un inconveniente de un dinero que se perdió. Le hicieron un polígrafo y lo perdió”.
Desde el principio de la investigación, la Procuraduría remitió una carta dirigida a Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en la que le pregunta por Sarabia, su nivel de jerarquía en el Gobierno, nombres de los funcionarios que participaron en la irregular prueba de polígrafo, el protocolo empleado y el cuestionamiento que aún no está resuelto: “(Pregunta) Informe el nombre, cargo, dirección física y electrónica del funcionario(s) que dio la orden para realizar la prueba del polígrafo a Marelbys Meza”.
Según los documentos en poder de SEMANA, también se le pide a la Presidencia que “informe si a Marelbys Meza, el 30 de enero de 2023, se le practicó la prueba poligráfica, de ser así, aportar copia de esta, el resultado obtenido y la grabación o registro fílmico de la misma. Además, quién debía efectuar el registro de ingreso en el edificio Galán; si existe registro, aportar los documentos que lo demuestren, entre ellos el registro fílmico de su ingreso”.
Ante estas contundentes preguntas, el 2 junio de 2023, en un documento rotulado como “memorando”, González pidió respuesta directa de los responsables de la seguridad, es decir, al jefe para la protección presidencial, el coronel Carlos Feria.
La respuesta tardó cinco días. El 7 de junio de 2023, en un oficio dirigido a la procuradora general, Margarita Cabello, contestó de una manera que incluso dejó más dudas. Señaló como responsable del polígrafo a la oficina que estaba bajo las órdenes del coronel Óscar Dávila, quien murió en extrañas circunstancias, según Medicina Legal, por un suicidio, sin llegar a dar su versión a la Fiscalía, aun cuando ya había enviado una carta manifestando su interés de declarar.
Dice el coronel Feria que “es importante aclarar a su distinguido despacho que la dependencia responsable de practicar la “prueba de confiabilidad y credibilidad” es la Coordinación Protección Anticipativa-Jefatura para la Protección Presidencial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad a sus funciones, entre otras, identificar factores de atención que puedan afectar la imagen, integridad y trasparencia del señor presidente, vicepresidente, sus familias, altos funcionarios y personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.
El coronel Feria dio esta misma versión a la Fiscalía. Afirmó que quien dio la orden para realizar la prueba de polígrafo fue el coronel Dávila, de quien nunca se conocerá su versión. El poderoso coronel también respondió a la Procuraduría la pregunta sobre quién fue la persona que hizo la prueba de polígrafo, y con nombre propio se refirió al intendente Jhon Alexánder Sacristán.
Chuzadas
Uno de los asuntos más explosivos de este caso se dio cuando el fiscal general, Francisco Barbosa, denunció que en Colombia habían vuelto las chuzadas, y no fue solo para Marelbys y otra empleada del servicio doméstico que trabajaba en la casa de Laura Sarabia. En este caso fueron cuatro las personas a las que les interceptaron las comunicaciones de manera ilegal.
En el expediente reposan las preguntas que le hizo la Procuraduría a través de un oficio del primero de junio de 2023 a la Policía Judicial (Dijín) para que explicara la manera como se dieron estas chuzadas, el funcionario que expidió la orden, el informe de lo obtenido y los números y nombres de los escuchados.
La respuesta fue rápida, pero le endilgó la información a una funcionaria de la Procuraduría. “El día de hoy, 02/06/2023, en las instalaciones de este organismo, la doctora Aura Betulia Fajardo, delegada de la Procuraduría General de la Nación, realizó diligencia de inspección disciplinaria, quien efectuó la verificación del proceso de interceptación de comunicaciones. Es de resaltar que esta funcionaria requirió varios documentos relacionados con el procedimiento de interceptación, los cuales fueron entregados”, dice la Dijín.
Tal como lo hizo la Fiscalía, la Procuraduría también realizó su propia inspección en la Presidencia. La diligencia se realizó la semana pasada, el 26 de junio, como quedó reseñado en un acta. “Se solicitó por parte de la delegada, (Pregunta) quién dio la orden para la prueba del polígrafo, y no se recibió respuesta, ya que (aseguraron) desconocen esta información”, señala una de las respuestas dadas al organismo de control.
Una vez más, la responsabilidad se la endilgan a la oficina de la cual era responsable el fallecido coronel Dávila, dice el acta que “la intendente Ramos indica que la coordinación anticipativa de protección son los encargados de realizar las pruebas, pero que ellos no se encuentran y son quienes podrían indicar los protocolos. Se solicita allegar información adicional de la orden de polígrafo, ingreso, etc”.
Sin embargo, el documento del acta de la Procuraduría deja sobre la mesa la responsabilidad del coronel Feria como funcionario de rango superior. “Se hace claridad de la línea de mando a tener el día de los hechos en cuenta JPP (Jefatura de Protección Presidencial) teniente coronel Feria, teniente coronel Dávila, capitán Gómez, intendente Sacristán”.
Nuevamente, la Procuraduría cuestiona el hecho de que Marelbys Meza hubiera entrado sin registro y se le hubiera practicado la prueba de polígrafo sin ser funcionaria. “La Sra. Patricia Liliana indica que los vehículos oficiales pueden ingresar con ocupantes y no se deja registro respecto a los ocupantes. Si son visitantes deben estar autorizados y se deja registro del ingreso”.
Esta duda, y la declaración de Marelbys Meza a SEMANA, en la que aseguró que no fue registrada al ingresar para que le realizaran el polígrafo, generó la pregunta directa de la Procuraduría y la sorpresiva respuesta dada por la misma Presidencia aparece en otro documento, fechado el 6 de junio: “Realizada la consulta en el sistema de control de acceso a las diferentes sedes de la entidad, no se encontró registro de ingreso el día 30 de enero de 2023 de la señora Marelbys Meza”.
Son cientos de folios con información sobre todas las presuntas irregularidades que se habrían cometido en este caso, y van desde protocolos para el uso del polígrafo, manual de funciones de Laura Sarabia como jefa de gabinete, minutas de libros de registros de entrada de personas y vehículos desde diferentes edificios, incluido el Galán, donde se realizó el polígrafo, la misteriosa oficina de anticipaciones ubicada en la Dian, y muchas más pruebas que, por ahora, plantean que en este caso sí se habrían presentado claras irregularidades por parte de funcionarios del Gobierno.