Luego de un operativo de la Fiscalía General de la Nación, en apoyo de la Agencia U.S. Marshals del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se ubicaron a dos personas que viajaron a Colombia evadiendo a las autoridades estadounidenses.
El primer capturado por las autoridades, con base en la información de la Fiscalía, fue Guillermo Alejandro Castillo Aguilar, quien fue solicitado extraditado por una corte del condado de Harris, en el estado de Texas (EE. UU.), para que responda por el delito de homicidio.
Según la información de las autoridades, Castillo prestó el servicio militar en los Estados Unidos en 1998. En ese año, tuvo una reunión social en la casa de un compañero estadounidense, donde se presentó una pelea.
El requerimiento del condado señala que Castillo en esa riña habría golpeado a su compañero en múltiples ocasiones hasta ocasionarle la muerte. Al momento de ser capturado en Estados Unidos, fue obligado a pagar una fianza de 20.000 dólares. Sin embargo, cuando las autoridades solicitaron su presencia en un juzgado, no atendió el llamado y se escapó hacia Colombia.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo encontró en un barrio ubicado en Bogotá. “El requerimiento internacional indica que durante el enfrentamiento habría golpeado en varias oportunidades a un joven estadounidense hasta causarle la muerte. Por estos hechos, Castillo Aguilar fue detenido y pagará una fianza de 20 mil dólares. Posteriormente, escapó de Estados Unidos y no atendió los llamados judiciales”, señaló Alberto Acevedo Quintero, director del CTI.
En otro procedimiento en Barranquilla, capital del Atlántico, las autoridades policiales dieron con el domicilio del presunto extranjero (es colombiano, aunque tiene papeles falsos de estadounidense) Patrick Dale Liljebeck, ciudadano que había sido condenando por un juzgado en Arkansas por cargos relacionados con el narcotráfico y otros antecedentes similares en España.
La condena inicial contra Liljebeck le otorgó el beneficio de libertad condicional. No obstante, decidió migrar hacia Colombia con documentos falsos. En 2018, fue ubicado en Colombia portando una cédula de ciudadanía que no era de él, sino de una persona distinta. En ese momento, la orden fue llevarlo a España para afrontar otro proceso, aparte de la falsificación de documentos. Dos años después fue deportado y se fue a vivir a Barranquilla.
El estadounidense quedó en manos de Migración Colombia, entidad que llevará a cabo los trámites correspondientes para expulsarlo de Colombia para que rinda cuentas con las autoridades de Estados Unidos por el delito de violación de libertad condicional.
En 2018, la Policía Nacional, en coordinación de la Brigada Central contra el Crimen Organizado de España, capturó en los Altos de Riomar, Barranquilla, a Liljebeck, quien se hacía pasar por Richard Smith. En ese momento, circulaba una circular roja de la Interpol en su contra y una condena vigente de 12 años de prisión.
En otro operativo en la Armada española, cerca al Puerto de Vigo, las autoridades le incautaron 1.2 toneladas de cocaína, efectuada por las autoridades españolas en 2009, avaluadas en 27 millones de euros, que resultaron siendo propiedad de Smith.
La Policía, en el marco de la ‘Operación Betania´, confirmó que la verdadera identidad de Liljebeck o Smith era la de Ellis Peña Char. Además, era el responsable de una red de narcotráfico internacional que delinquía desde Las Antillas y le suministraba drogas a Europa. Cuando estuvo en España, también lideró la organización ilegal desde Málaga.
Adicionalmente, Peña Char contaba con documentos y pasaportes falsos de España. Reino Unido, Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Países Bajos, Canadá y Colombia; los cuales manejaba para desplazarse ilegalmente a los países y llevar a cabo su accionar de la red de narcotráfico.
Peña Char, además de hacerse llamar Patrick Dale Liljebeck y Richard Smith, también fue conocido como Peter Berkey, Patrick Beck, Peter Dale Liljebeck y Patrick Dave Liljebeck.
Por otro lado, se conoció que Peña Char tenía el proceso de extradición vigente desde el 25 de septiembre de 2019. La sentencia CP 114-2019 de la Sala de Casación indicó la orden de extradición, la cual estaba ordenada por el Reino de España. Sin embargo, el responsable se escapó de las autoridades hasta su captura este 2023.