La ‘paz total’ es el proyecto insignia del actual Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, este plan no es visto de la mejor forma por parte de quienes creen que no hay sustento alguno para ejecutarlo, como el hecho de que la iniciativa no cuenta con el concepto del Consejo de Política Criminal, según varios opositores.
Ante esto, durante este martes, 22 de agosto, se llevará a cabo una audiencia pública presidida por el alto tribunal, bajo la premisa de revisar las demandas en contra del proyecto bandera del Gobierno. En esta audiencia estará la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, y otras autoridades.
Es pertinente decir que, según la Procuraduría, Cabello hizo el envío de su concepto al alto tribunal, en el cual manifestó que “los parlamentarios no tuvieron la posibilidad de desarrollar los debates requeridos de manera informada, puesto que nunca conocieron los insumos técnicos ni el informe del Consejo Superior de Política Criminal, que además debió remitirse al legislativo”.
Así las cosas, se prevé que la procuradora tendrá un tiempo estimado de 20 minutos para compartir su postura a las 9:40 a. m.
Hay que recalcar que la oposición es la más ferviente crítica de la iniciativa paz total del Gobierno, debido a que con esto, recalcan que le ha dado ventaja a las organizaciones criminales para que estas se fortalezcan.
Entre los políticos opositores, quienes presentaron las denuncias, figura María Fernanda Cabal y José Uscátegui. Para ellos, el proyecto paz total está viciado.
Asimismo, se ha dicho que esto ha sido el producto de que disminuya la Fuerza Pública en el país; además, se pone en tela de juicio que se esté haciendo suspensiones de órdenes de captura de criminales de alto impacto que integran agrupaciones como el ELN y las disidencias de las Farc.
Entonces, para Uscátegui y Cabal, la ley que dio trámite a la paz total en el Congreso tiene varios vicios y se debe revisar por parte de la Corte Constitucional.
En la audiencia se abordarán cuatro ejes de discusión:
- Analizar el contexto sobre los agentes responsables de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia.
- Las negociaciones con estos grupos armados en el pasado.
- La reincidencia y su impacto en las dinámicas de violencia del país.
- Las implicaciones del incumplimiento por parte de algunas personas de los anteriores acuerdos de paz y negociaciones.
La diligencia, que se transmitirá por todas las redes sociales de la Corte Constitucional (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube), así como por la página www.corteconstitucional.gov.co, empezará a las 8:00 a. m.
Luego del análisis, el segundo eje busca profundizar en aspectos relacionados con la constitucionalidad de la facultad de adelantar conversaciones o acercamientos con “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” y la de suspender las órdenes de captura en su contra. El tercer eje se refiere al análisis de constitucionalidad de la facultad presidencial de designar como voceros a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias privados de la libertad y las posibles consecuencias de dicha designación.
Finalmente, el cuarto eje se relaciona con la constitucionalidad de adelantar acercamientos y conversaciones con los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.
La diligencia contará con tres grupos de intervinientes: demandantes, autoridades —el Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público— y organizaciones y personas expertas en asuntos de paz y negociación con grupos armados ilegales. Cada interviniente tendrá que responder una serie de preguntas y, posteriormente, las autoridades citadas deberán presentar un informe con el contenido de su intervención en la audiencia.