Este 30 de agosto, Colombia conmemora el día de las víctimas de desaparición forzada, esto con el objetivo de realizar una reparación integral orientada a mitigar la afectación generada por el conflicto en el país.

De acuerdo con cifras divulgadas por la Unidad de Víctimas y el Registro Único (RUV) de las mismas, hasta el momento se conoce que hay 139.035 víctimas indirectas y 50.704 directas por desaparición forzada, es decir, personas desaparecidas cuya suerte se desconoce.

De estas víctimas, el 10,3 % son mujeres, el 0,9 % corresponde a víctimas pertenecientes a la población con discapacidad, el 3,3 % son de pertenencia étnica, y el 19,4 % son adultos mayores de 60 años.

Además, el año en que se registraron la mayor cantidad de hechos lamentables en esta materia fue el 2002, con 19.429; la cifra solo disminuyó hasta 2006, pero volvió a crecer en 2007 y luego, en 2011, según el RUV.

Así, los departamentos en que hay mayor número de víctimas directas son Antioquia, Meta y Valle del Cauca.

De igual manera, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha logrado establecer que el conflicto armado dejó alrededor de 100.000 personas desaparecidas. Además, la entidad ha realizado acompañamiento en procesos de búsqueda y entrega de cadáveres a 13.951 familiares de 6.282 víctimas directas.

La Ley 1448 de 2011 contempla medidas de satisfacción que buscan resarcir el dolor a través de la reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas.

De otro lado, el tema económico también ha desempeñado un factor importante. Pese a que nunca será igual que devolver un ser amado, sí se ha destinado un rubro para algo denominado las ‘indemnizaciones administrativas’ que se han entregado a familiares de las víctimas directas, 69.805 giros a la fecha por un valor total de 487.187 millones de pesos en beneficio de 63.081 personas.

Asimismo, en cuanto al enfoque psicosocial, la Unidad para las Víctimas ha acompañado a 13.951 familiares de 6.282 víctimas directas de desaparición en procesos de búsqueda y entrega digna, real o simbólica de restos óseos. Este acompañamiento permite reconocer y visibilizar el sufrimiento que ha causado este hecho victimizante en el ámbito personal y familiar, ofreciendo herramientas para minimizar el impacto emocional y fortalecer las capacidades.

En ello, destaca el acompañamiento a los sujetos de reparación colectiva, entre estos el resguardo indígena San Lorenzo, en Riosucio, Caldas, a través de la implementación de un plan de asistencia en afinidad con la cosmovisión y la cultura del pueblo embera chamí, así como la concertación con sus líderes. Las acciones han estado dirigidas al fortalecimiento de la medicina ancestral y el vínculo sagrado con el territorio.

Así como está la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), que inició la implementación de las acciones correspondientes a la medida de rehabilitación desde marzo de 2022, entre estas se destacan el fortalecimiento para el cuidado de quienes la integran, murales regionales y otras acciones con componentes culturales.

Vale mencionar que allí se contó con la participación de 528 víctimas indirectas del hecho de desaparición forzada con asiento en las mesas municipales elegidas para el periodo 2021-2023. Asimismo, hay 27 participantes en las mesas departamentales y 2 en la Mesa Nacional.

Desde 2012 y hasta el 31 de mayo de 2022, la entidad ha entregado 10.259 giros por un valor total de 13.180 millones de pesos para familiares de víctimas de desaparición forzada.

Finalmente, en cuanto a reparación individual se han hecho 69.805 giros de indemnizaciones administrativas por 487.187 millones de pesos que beneficiaron, según la UV a 63.081 personas.