“La verdadera historia refleja la forma de ser de Álvaro Uribe Vélez, que actúa de frente, resolviendo los problemas, no huyendo de ellos, buscando la verdad, defendiendo su verdad y la honra”, de esta forma concluyó uno de los principales puntos de su argumentación el abogado Jaime Granados Peña para apoyar la petición de preclusión del proceso que se adelanta contra el exmandatario por presunta participación en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En su exposición, el jurista indicó que no existe evidencia alguna que permita inferir siquiera que Uribe le dio órdenes directas al abogado Diego Cadena para que ofreciera beneficios económicos, asesorías jurídicas y prebendas al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien en diferentes oportunidades había señalado al expresidente de tener nexos con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.

En tres oportunidades (22 de febrero, 20 de marzo y 26 de marzo de 2018) Monsalve se reunió en la cárcel La Picota de Bogotá con Monsalve para verificar la información que había recibido Uribe sobre una eventual retractación que quería hacer el exparamilitar de los señalamientos hechos contra el exjefe de Estado y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, y sus supuestos vínculos con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Sin embargo, para Granados las pruebas indican que estas reuniones y encuentros no fueron “ni ideadas ni buscadas por Álvaro Uribe Vélez”, sino que la iniciativa provino de Juan Guillermo Monsalve, reseñando que es claro que Diego Cadena cometió el error de no comentarle a Uribe sobre las ofertas que le había hecho a Monsalve frente a sus preocupaciones esgrimidas por motivos de seguridad y protección.

“En varias oportunidades Diego Cadena visita a Juan Guillermo Monsalve, y en ninguna de ellas aparece Uribe dándole instrucciones para las reuniones”, sostuvo el abogado. El único fin de esos encuentros era ver si, en efecto, se quería retractar de lo dicho ante Justicia y Paz y la Fiscalía General en contra de los hermanos Uribe Vélez.

En su argumentación Granados sostuvo que la evidencia demuestra que Diego Cadena “cayó ingenuamente en una trampa”, puesto que “siempre actuó de buena fe” ante las peticiones que le hizo Monsalve en la cárcel: “No hay una prueba que aparezca de una instrucción dada a Diego Cadena para que hiciera algo que estuviese marcado en el Código Penal como soborno a testigos en actuación penal, mucho menos fraude procesal”.

Igualmente, el abogado Granados aseguró que el “principal sorprendido” con la reunión entre Diego Cadena y Deyanira Gómez, en un café en el centro de Bogotá, fue el mismo Uribe, puesto que nunca había sido informado de ese encuentro. “Le recriminó a Cadena por no informarle de manera directa sobre este encuentro (…) Es claro que Diego Cadena tenía sospechas que era una trampa, pero jamás se las comunicó”, explicó.

Para el abogado penalista, lo único que se le puede reprochar a Uribe es no haber sido tan diligente con las acciones que hacía Cadena en las cárceles. “Pero nadie tiene el don de la omnisciencia para saber lo que no se le ha sido informado”.

De esta forma, Granados pidió apoyara la petición de la Fiscalía General para archivar el caso al considerar que no existe evidencia alguna que permita inferir que incurrió en una conducta ilegal ni ejercitó presiones para que los testigos cambiaran su versión.