Diez años de la masacre de San José de Apartadó

Hace diez años una masacre estremeció a Colombia. Dos familias que hacían parte de la comunidad de paz de San José de Apartadó fueron cruelmente asesinadas. Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza fueron muertos a machetazos. Al lado de sus cadáveres, yacía el de Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado. Los cadáveres quedaron tendidos al lado de un río en la vereda Mulatos, expuestos a los animales de carroña. Mientras tanto, en una vereda contigua, La Resbalosa, otra familia era aniquilada. Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 añitos, así como Alejandro Pérez, jornalero de la finca, fueron asesinados. Los criminales los enterraron a todos en una fosa común, después de haber mutilado sus extremidades. La matanza ocurrió a pocos kilómetros del lugar donde estaban las tropas del Ejército que habían llegado hasta allí para proteger a la población civil. Las mismas que ahora son sospechosas del horrendo crimen. Desde cuando ocurrieron los hechos, el 21 de febrero de 2005, tanto la comunidad de paz como sus mentores más reconocidos: la exalcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo, acusaron a miembros de la Brigada XVII del Ejército como autores de la masacre. Muchos de ellos creían que estas muertes eran una retaliación de los militares porque una semana atrás las FARC le habían dado un durísimo golpe al Ejército en Mutatá. Como si fuera poco, el Bloque Bananero de las autodefensas se había desmovilizado hacía tres meses, y todo indicaba que las FARC intentarían una ofensiva para recuperar la región. Las cordilleras que rodean este corregimiento son un corredor de la guerrilla y una zona de retaguardia. Muchos en esta comunidad interpretaron la masacre como un aviso a la insurgencia. El aviso de que sus acciones de guerra les serían cobradas a los civiles de San José, muchos de los cuales son familiares de guerrilleros. Las Fuerzas Militares desde un primer momento culparon a las FARC, apoyadas no sólo en la evidencia de que también había presencia de los guerrilleros en la zona, sino en los testimonios de desertores de ese grupo. Hoy, diez años después de la masacre, la investigación parece estar en un punto muerto, muy a pesar de la enorme presión internacional. En el 2012, los integrantes del Bloque Héroes de Tolová aceptaron los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado tras el asesinato de ocho personas. Sin embargo, pese a los resultados que ha entregado la justicia estos resultan insuficientes. Aún hay cabos sueltos en el caso que no sólo involucra a miembros de las autodefensas sino también a altos oficiales del Ejército Nacional.