A Dimar Torres lo encontraron desnudo, tendido en el piso completamente desfigurado. Dos horas después de que empezó su búsqueda, unos 80 campesinos de la vereda Campo Alegre, entre mujeres, hombres y niños, lo ubicaron muy cerca de un asentamiento militar con un disparo en la pierna, otro en la columna y uno en la cabeza. —¿Dónde lo tienen detenido? —le reclamó un hombre de la comunidad enfurecida al grupo de militares unos minutos antes. —Pueden esperar si quieren aquí o pueden revisar todo lo que quieran señores. ¿Por qué vamos a retener al señor nosotros? —respondió uno de los uniformados. Le recomendamos: El asesinato de Samuel David es un crimen contra la paz La comunidad sin dudarlo le tomó la palabra. Aunque al final de cuentas hubo resistencia, en una medida desesperada y arbitraria, los habitantes de este pequeño corregimiento de Convención (Norte de Santander) consiguieron entrar a revisar entre los cambuches del Ejército en busca de Dimar Torres. Él era el único que no se había reportado después de los disparos que se habían escuchado en la zona. —¿Ustedes le dispararon? o ¿dónde lo tienen detenido? —preguntó una y otra vez la comunidad mientras hacía la búsqueda. —Lo buscamos entre todos los cambuches. A los veinte minutos encontramos un hueco. Ellos lo estaban haciendo y dejaron a un lado las herramientas, un sombrero y un balde con aguapanela —relata un miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda.
En ese punto, cuenta uno de los testigos, nos desesperamos. "Lo mataron, lo mataron" repetían después de haber encontrado el hueco con todo el aspecto de lo que iba hacer una tumba. "Tenía el tamaño de una persona adulta acostada". Aunque la aterradora escena los dejó a todos sin aliento, la peor noticia llegaría cinco minutos después: Dimar estaba muerto. Tendido a un lado de la carretera, con su moto a un lado. El lado oscuro Las milicias fueron el soporte logístico de los frentes que durante años estuvieron en el monte: les conseguían alimentos, medicamentos, vestuario, radios de comunicación, armamento y munición. Ayudaban en las operaciones de las Farc aunque no participaban directamente de ellas. Su misión, como la que por más de diez años desempeñó Dimar, fue abonar el camino político. Era un miembro conocido entre la comunidad. Participaba de los encuentros así como de las reuniones periódicas de la Agencia de Reincorporación y Normalización. De hecho, cuentan los habitantes de Campo Alegre, que se había vuelto más activo desde hace dos años, cuando fue noticia oficial que dejarían las armas. Puede ver: Fiscalía dice que ya esclareció 61 casos de asesinato contra excombatientes de las Farc Era natural de Miraflores otra vereda de Convención a 20 minutos de donde vivía actualmente. Nació el 15 de noviembre de 1979, y desde la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón había decidido rehacer su vida, en una región que conocía tanto como la palma de su mano. Pero ese sueño en el que venía trabajando al lado de su familia y su pareja que apenas tenía dos semanas de embarazo, se frustró este 22 de abril, cuando la noche caía. Fue asesinado justo a mitad de camino cuando regresaba a Campo Alegre de Miraflores a donde había ido a comprar unas rulas (machetes o charapos) que le hacían falta para terminar un trabajo que tenía pendiente en la finca. Si al hombre que venía adelante de él lo dejaron seguir su camino y alcanzó a avisar que se escucharon unos tiros, ¿por qué a Dimar no lo dejaron seguir?, se preguntan desde ayer sus amigos. Si los interrogan por cuál pudo haber sido el móvil, guardan un silencio sepulcral. La situación sin embargo cambia, cuando les piden señalar a los presuntos responsables. ¿Qué pasó? Al Ejército apuntan las pistas que la comunidad consiguió levantar en cuestión de horas. Lo cierto, sin embargo, es que por ahora todo es materia de investigación. Apenas hasta este martes sobre el mediodía un comité de la Fiscalía, el CTI y la Defensoría del Pueblo llegó hasta el corregimiento para ocuparse del caso. Los hechos, de acuerdo con las primeras versiones, se presentaron en intermediaciones del puesto de control permanente que tiene el Batallón de Operaciones Terrestres N° 11 en un corregimiento que está justo en la mitad entre Campo Alegre y Miraflores: Carrisal. "Son alrededor de unos 50 hombres los que están en ese punto. Aunque tiene aspecto de campamento transitorio aquí todos saben que es de acantonamiento militar. Están cerca de una válvula de Ecopetrol", le dijo a SEMANA un habitante de la zona. Además del control territorial que ejercen en una de las zonas más militarizadas del país como el Catatumbo, estos militares protegen el tubo del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Le puede interesar: ¿Quién está detrás del asesinato de guerrilleros amnistiados? "Esperamos que la Fiscalía saque con celeridad esta investigación. Por una parte porque es necesario devolverle la tranquilidad a la comunidad y otra para que se esclarezca el papel del Ejército en este confuso hecho", manifestó el alcalde de Convención, Hermes Alfonso García. La comunidad de Campo Alegre tiene varias razones para creer que el Ejército está involucrado en el asesinato de Dimar. Las dos principales tiene que ver con que el cadáver y el hueco se hayan encontrado en intermediaciones de una zona donde toda la comunidad sabe que ellos están asentados desde hace más de 15 años. También es inexplicable que el Ejército haya negado saber todo cuando toda la comunidad escuchó los disparos y luego halló lo que halló. Si hay algo de lo que no cabe duda es que a Dimar le descargaron un arma de fuego y todos los hombres del puesto de control debieron haber escuchado. Otro dato que llama notoriamente la atención, es que los hombres al mando del puesto de control le reconocieron a altos mandos de la institución que no se presentaron enfrentamientos con grupos armados en la tarde-noche del lunes cuando ocurrió el homicidio. "Como institución, se ordenó el desplazamiento de una comisión interdisciplinaria desde la ciudad de Cúcuta al sitio; por su parte, el Comandante del Ejército, ordenó desde Bogotá el desplazamiento de una comisión de la Inspección General de la Fuerza, cuyo objetivo es el de verificar los procedimientos operacionales desarrollados por las tropas en el lugar, esto en aras de la transparencia institucional", informó a través de un comunicado el comando de la Segunda División del Ejército. Si bien la misiva deja ver que se abre camino para el debido proceso, llama la atención que la responsabilidad no se haya descartado de tajo. Esta no sería la primera vez que miembros del Ejército estarían involucrados en el homicidio de un excombatiente tras la dejación de armas de las Farc. Precisamente hace un año fueron capturados ocho militares por su presunta participación en el asesinato de Ciro Alfonso Manzano Ariza en Arauca. Si bien los uniformados no aceptaron cargos, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Cero y va un centenar... Más de 100 excombatientes de la exguerrilla han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Aunque las cifras son disparejas: la Farc habla de 96, la II Misión de la ONU de 129 y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía de 129, lo cierto es que la situación tiende a empeorar. Al menos 12 excombatientes de las Farc fueron asesinados, entre ellos, por primera vez, un beneficiario del programa de reincorporación de menores, en los primeros tres meses del año de acuerdo al informe que entregó la II Misión de la ONU. De acuerdo con el organismo internacional, el mayor número de casos que se presentó entre el 27 de diciembre y el 26 de marzo, ocurrió en Cauca donde han sido asesinados siete miembros de la exguerrilla de las Farc desde la firma del acuerdo de paz. A la fecha la Unidad Especial de Investigación, en cabeza de Martha Mancera, investiga 129 asesinatos de excombatientes de las Farc. De ellos, según la fiscal, se han esclarecido 61 casos de los cuales 48 se han podido identificar las principales estructuras criminales que están detrás de los homicidios: a) Grupos Armados Organizados Residuales: 22. b) Clan del Golfo: c) ELN: 7 d) EPL: 5 y e) Organizaciones Criminales tipo C: 5. Así las cosas, se han dictado cuatro sentencias y se capturado 32 personas relacionadas con los ataques. "Le exigimos al gobierno que nos de garantías a quienes dejamos las armas para que podamos hacer el proceso de reincorporación socioeconómica y política. Desde hace semanas dijimos que la campaña de estigmatización que ha levantado el Centro Democrático en contra del partido y quienes dejamos las armas, nos ponía en la mira de quienes quieren sabotear el proceso", aseguró Carlos Antonio Lozada, senador proveniente de las extintas Farc. A la par que las autoridades toman medidas para evitar que los homicidios se repitan, crece el número de víctimas y las voces de quienes piden no más muertos. La reincorporación de los excombatientes de las Farc transita por un momento crucial y la falta de garantías de seguridad se puede terminar convirtiendo en el factor que lleve la paz al límite. Y es que en menos de una semana un hijo de excombatiente fue baleado en el norte del país y un exmiliciano en Catatumbo murió en extrañas circunstancias. Cada vez son más los que creen que el exterminio político hay que prevenirlo porque puede estar a la vuelta de la esquina.