El exdiputado Jesús Javier Suárez se enfrenta a cargos disciplinarios por sus comentarios “desobligantes” y “discriminatorios” hacia el ministro de Justicia, Néstor Osuna, por lo que habría violado el código disciplinario.
“Ministro de Justicia, no sé si tiene pantalones o pantaletas”, estas palabras, pronunciadas durante una sesión de la Asamblea Departamental del Cesar el 24 de agosto de 2022, han llevado a la Procuraduría a formular cargos de injuria y calumnia contra Suárez Moscote. El exdiputado liberal hizo estos comentarios en medio de un debate sobre la crisis carcelaria, lo que se consideró un acto “ultrajante” y “oprobioso” (deshonroso).
El procurador regional del Cesar, Miguel Ángel Rocha Cuello, calificó la actuación del exdiputado como reprochable, indicando que presuntamente infringió “el principio de moralidad e ir en contravía del deber exigido para las actuaciones del servidor público enmarcadas en la pulcritud, neutralidad y decoro de sus expresiones”.
Rocha Cuello enfatizó que es “inadmisible que se toleren actos irrespetuosos y abusivos contrarios a la dignidad humana, ya que esto perjudica el buen ejercicio de la función pública y el desmedro de las instituciones”.
El procurador regional advirtió que Suárez Moscote profirió los improperios de manera consciente y con claras intenciones de ofender y ridiculizar al ministro, violando además códigos disciplinarios, lo que ha llevado a que enfrente cargos disciplinarios por ser considerada una falta grave.
Cargos a exsecretario de Daniel Quintero
De otro lado, una reunión del 8 de agosto de 2021 tiene contra las cuerdas en la Procuraduría al exsecretario de Inclusión Social de Medellín, Juan Pablo Ramírez, quien actualmente goza de un cargo directivo en el Gobierno nacional.
Aparentemente, Ramírez habría utilizado su posición para ejercer presión sobre sus subalternos para que respaldaran económicamente una causa política asociada a su jefe, Daniel Quintero.
Las posibles irregularidades salieron a la luz en un encuentro privado de hace tres años cuando, presuntamente, Ramírez habría incurrido en un posible proselitismo político. Allí lo acompañaron los exsubsecretarios de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín Correa (2021-2022), y de Gestión de Bienes de la alcaldía, Fredy Alfonso Agudelo Bolívar (2021).
La sospecha de la Procuraduría es que “pidieron un aporte en dinero, que oscilaba entre los 300.000 pesos y un millón de pesos a los servidores públicos presentes como membresía para pertenecer a la corporación ‘El futuro se parece a nosotros’”.
La interpretación de los investigadores es que, supuestamente, Ramírez se habría valido de su mando para ejercer una fuerza determinadora orientada a conseguir plata para esa organización y así respaldar proyectos políticos.
Esta corporación está legalizada en la Cámara de Comercio de Medellín desde 2008 y su propósito es la “defensa y promoción de la vida, la paz y los derechos humanos, el desarrollo ambiental, cultural, social y educativo; el fortalecimiento de la democracia”.
El Ministerio Público también cuestionó que Ramírez habría quebrantado sus deberes funcionales, pues el objetivo de su cargo y sus funcionares no contemplaban impulsar organizaciones de carácter particular ni su promoción, como tampoco fomentar el aporte.
“Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta actuación de los investigados como una falta gravísima cometida a título de dolo. El entonces secretario Ramírez Álvarez fue afectado con dos cargos disciplinarios”, indicó el pasado 4 de junio la Procuraduría.